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DELITO Y CRIMEN Violencia y narcotráfico en Guatemala: 19.000 pandilleros trabajan para 70 bandas  Muchos jóvenes se vuelcan al delito y al crimen organizado porque no ven oportunidades en un país en el que la exclusión es cada vez mayor. Los líderes de los maras operan desde las cárceles Muchos jóvenes se vuelcan al delito y al crimen organizado porque no ven oportunidades en un país en el que la exclusión es cada vez mayor. Los líderes de los maras operan desde las cárceles
Fuera del sistema, miles de jóvenes se dedican al delito y al crimen organizado. La información oficial señala que hay 19.000 pandilleros en Guatemala, pertenecientes a las 70 clicas (bandas) que operan en el país.
Sin embargo, y a pesar del impacto de sus acciones delictivas, no existen alternativas para prevenir, reinsertar y rehabilitar a estos jóvenes organizados.
De acuerdo con un artículo publicado en el periódico La Hora, según el Sistema Penitenciario guatemalteco, en los centros carcelarios hay un total de 1.026 pandilleros activos del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha (MS).
Las estructuras de pandillas se organizan en la cárcel, donde se encuentran recluidos sus líderes, quienes dirigen a miles de jóvenes y colaboradores en la calle. Los informes oficiales detallan que 70 bandas de pandillas asedian las colonias y zonas rojas, donde cometen extorsiones y asesinatos, y según un informe, en total habría 19.000 pandilleros en el país.
Según Eluvia Velásquez, de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede), el Estado, el sector empresarial y las organizaciones sociales deben unirse para trabajar y atender el origen de los problemas que hoy afectan a la niñez y a la juventud.
"Es importante que todos trabajemos en esto, la sociedad civil, el Estado, no podemos seguir haciéndolo de manera aislada", subrayó Velásquez en declaraciones recogidas por La Hora.
Agregó que la situación es compleja: "Hace falta ayuda del gobierno, de la iniciativa privada, de las familias. En Guatemala no hay algo que nos permita salir adelante, si para los chicos que no están en pandillas les cuesta salir adelante o encontrar alternativas, es aún más difícil para los que salieron de la cárcel", concluyó.
En una entrevista con El Periódico de Guatemala, hace unos días el fiscal contra el crimen organizado, Rony López, reveló el fenómeno criminal del que poco se sabía hasta hace cinco meses, cuando se creó la Unidad Contra el Tráfico de Armas.
Cuenta que participó en una capacitación con expertos en control de armamento de la Argentina, Austria y El Salvador. "Hemos visto que los registros no están en poder de una institución militar, sino civil. Ese cambio ha permitido avances en las investigaciones de personas o estructuras que se dedican a la transferencia de armas legales a armas ilegales".
Ante la pregunta sobre en qué consiste la transferencia, López comentó que esto ocurre cuando un arma legal "es objeto de robo o hurto y es utilizada por el crimen común u organizado, ya sea dentro del país o cuando se traslada hacia otro Estado".
También reconoció que no hay bases de datos de armas del Estado: "Sólo de particulares. Las instituciones (Policía Nacional Civil, Presidios y el Ejército) tienen sus registros, pero reservados bajo la categoría de seguridad nacional. Cuando esas armas se pierden o son objeto de robos o hurtos, su estatus cambia a una posesión ilegal".
No hay bases de datos de armas del Estado
En otro orden, dio a conocer las modalidades de tráfico que se han identificado. Y afirmó: "Así como se han extraviado armas en las instituciones del Estado, también tenemos una gran proliferación de extravío de armas en importadoras de armas y empresas que prestan servicios de seguridad. Tenemos que investigar por qué se reportan pérdidas de lotes completos de armas, pero lo más importante es establecer su paradero", indicó.
Al intentar explicar esas pérdidas, las atribuyó a fallas de seguridad y custodia de las armas. Ante la pregunta del periodista del diario sobre si los estándares de control son muy débiles, el funcionario dijo que ese tema es lo que "hay que establecer. Por ejemplo, no se sabe cómo y bajo qué circunstancias se perdieron las granadas en el Ejército. Ahí es donde encontramos el hermetismo; nos dicen 'se perdieron y no sabemos cómo fue'. Las empresas ponen las denuncias por la pérdida y con eso salvan su responsabilidad, no dan información sobre la custodia".
El peligro más importante es que justamente esos cargamentos llegan a manos de narcotraficantes, que utilizan esas armas para seguir cometiendo crímenes con total impunidad.
Martes, 2 de diciembre de 2014
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