POR CARLOS ANDREUCCI (*) El desafío de la Justicia es que la gente le crea  La gran mayoría de los estudios sobre la imagen que de la Justicia tiene la opinión pública en la Argentina, arrojan un promedio, en más-menos, de un 67% de signo negativo. Investigaciones realizadas en distintos momentos, como las de Latín barómetro, la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA) a través de su Observatorio del Estado de Derecho o las realizadas por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) mediante el Centro de Estudios Nueva Mayoría, corroboran la alta imagen negativa que tiene la Justicia en nuestra sociedad. Pero, curiosamente, cuando la sociedad es consultada específicamente por la imagen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos encontramos con guarismos totalmente distintos: más del 78% coincide con una imagen entre buena y muy buena. Estos datos aparentemente contradictorios, encuentran una respuesta lógica cuando asociamos que la imagen general que la sociedad se forma de la Justicia está relacionada a la actuación de los jueces y los fiscales, vistos y analizados desde dos planos principales: sus sentencias y resoluciones, y lo más determinante aún, su banco de prestigio. La construcción del prestigio es la resultante de su comportamiento como ciudadano, el desempeño de su función, su recato y honestidad en su vida pública, la trayectoria profesional que lo precede y avala, más fundamentalmente su calidad y absoluta independencia de criterio. CONDUCTAS INDIVIDUALES Los medios de comunicación nos informan cotidianamente de actitudes individuales y procederes profesionales de jueces y fiscales de distintas instancias, fueros y ámbitos, que socavan fuertemente la confianza de la opinión pública sobre el sistema, pese a que no todos tengan ese comportamiento. Lamentablemente, bastan algunos casos para afectar la imagen de todos . Aunque lo denunciado es una falla humana de la que ninguna institución está exenta, lo que corroe la imagen, es el halo de impunidad de la que parece gozar el ocasional protagonista y la automática red de protecciones que parecieran levantarse entorno a él, donde en el imaginario colectivo, la política es el factor determinante. El Consejo de la Magistratura, en el ámbito nacional, que debiera actuar como reaseguro de la sociedad contra el mal ingreso, desempeño o abusos de autoridad por parte específica de los jueces, aparece a la luz del ciudadano común como un instrumento que no tiene la efectividad deseada para contrarrestar esa sensación de arbitrariedad, parálisis e impunidad que se presenta en algunos casos, a lo que se agrega que el 70 % (de los ciudadanos) cree que existe “una Justicia para ricos y no existe para pobres”, según los estudios de opinión pública. Es decir, desigualdad manifiesta. El armado efectivo del sistema de Justicia frente a la gente, se basa en recuperar la confianza pública y la credibilidad del sistema más el prestigio de sus jueces El armado efectivo del sistema de Justicia frente a la gente, se basa en recuperar la confianza pública y la credibilidad del sistema más el prestigio de sus jueces, pasando a una instancia secundaria el hecho de estar o no de acuerdo con sus fallos. Para el hombre de a pié, los jueces son la Justicia junto al rol protagónico de los fiscales, y si bien se valora fuertemente la tarea que realiza la mayoría de los funcionarios del Poder Judicial, en condiciones claramente desfavorables desde lo presupuestario e infraestructura, a la hora de construir imagen la mirada es crítica. Hoy en día, la mayoría de los analistas políticos de todo el mundo coinciden en que cualquier conflicto, sea político, social, gremial o judicial, se dirime en gran parte en la posición que toma la opinión pública y es allí donde “los bancos de prestigio” de cada uno de los actores pasan a ser decisivos en cuanto al resultado. Es allí donde el Consejo de la Magistratura y la responsabilidad de cada uno de los representantes de los estamentos que lo conforman debe cumplir con una tarea funcional de construir prestigio, equilibrada, respetando al Poder Judicial como tal y no pensarlo como partícipe ideológico o militante de un momento gubernamental dominante, eligiendo aspirantes probos, honestos, humildes, republicanos, responsables con acreditada trayectoria e independencia de criterio, libres de toda posición política, partidaria o dominación de cualquier poder público o privado. Esa independencia del Juez es la garantía férrea de la libertad e igualdad del ciudadano o habitante de a pié, que permita que ante cada caso concreto se confíe en la Justicia, sin duda alguna, llegándose al extremo de que el Juez designado deberá demostrar que es hasta “desagradecido” con quien lo designó, en cuanto imagen clara, segura e indestructible de su independencia proclamada pero siempre insuficiente o carente. Esto permitirá recuperar la confianza pública en el sistema de Justicia y en sus protagonistas. Esa Justicia parecería tener en la Argentina “su cuenta del banco de prestigio con muy pocos fondos y garantías” y consecuentemente con un estrecho margen de confianza de la sociedad. Este es un punto esencial a revertir en la labor del Consejo de la Magistratura, debiéndose elegir a los mejores aspirantes judiciales, permitiéndonos así ilusionarnos con que se puede, y debe, cambiar la historia.
(*) Ex presidente del Colegio de Abogados de La Plata y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Martes, 24 de junio de 2014
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