LA DENUNCIA DATA DEL 2001 Más de una década después, la Corte cerró una causa contra Aguad  El diputado estaba procesado por una supuesta defraudación con bonos. Todavía se desconoce el destino de 60 millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia cerró una causa contra el diputado radical e integrante del bloque opositor al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura Oscar Aguad, quien estaba procesado por una defraudación por 60 millones de dólares contra el Municipio de Corrientes mediante una operación con bonos cuando fue interventor de esa ciudad durante la efímera presidencia de Fernando de la Rúa.
Aguad fue el gestor de una operación que es considerada ruinosa, ya que tomó un empréstito por 60 millones de dólares en agosto de 2000, y los convirtió en Certificados de Cancelación de Deudas de Corrientes (Cecacor), una de las tantas cuasimonedas que circulaban en el país, que navegaba hacia el naufragio de la convertibilidad. Esa toma de crédito había sido respaldada por el Gobierno provincial con garantía de los recursos de la coparticipación. En la causa se investigaba cuál fue el destino de ese dinero.
La denuncia contra el ex interventor y actual diputado Aguad fue presentada el 29 de noviembre de 2001 por el ingeniero Rodolfo Amílcar Paladini, un activo defensor del patrimonio de los correntinos que incluso cuestionó la asunción de Aguad como diputado en 2005 por las imputaciones en su contra por presuntos perjuicios a la Provincia.
Pese a que el procurador general adjunto de la Nación, Eduardo Casal, había dictaminado en mayo de 2013 en contra de la extinción de la causa por prescripción, tal como lo había dispuesto el Tribunal Superior de Corrientes, la Corte Suprema “con fundamento en la garantía de la defensa en juicio”, entendió que “el imputado tiene derecho a obtener después de un proceso tramitado en legal forma un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal”.
El delito por el que estaba imputado, “defraudación en perjuicio de una administración pública”, contempla penas que van de un mes a seis años de cárcel. Cuando volvió a la función pública, el máximo de la pena no había transcurrido, es decir, el presunto delito no estaba prescripto.
La Corte consideró que se había excedido el “plazo razonable” para llegar a una sentencia definitiva, y cerró la investigación.
Lunes, 12 de mayo de 2014
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