DEBATE SOCIAL SOBRE SEGURIDAD Y MENORES Baja de la edad de imputabilidad: sectores se suman a la prevención antes que el castigo  El episcopado ayer fijó su posición en contra del anteproyecto en un documento de la Comisión Nacional de Pastoral. Una integrante de un foro de vecinos habló de la necesidad de resarcimiento social de parte de quienes delinquen. Hace tres días atrás el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, confirmó que el Gobierno de Mauricio Macri busca modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de 16 a 14, para lo cual convocarán a una mesa de especialistas. De esta manera se abrió el debate y desde diferentes sectores manifestaron su oposición al anteproyecto en el que se empezaría a trabajar en el mes de febrero.
A esta crítica se sumó ayer el Episcopado, que fijó posición a través de un documento de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia. En este sentido la Iglesia pidió no convertir a los jóvenes infractores de la ley penal en “enemigos sociales”.
“No pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática”, señalaron desde la comisión que depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). A la vez reclamaron que se haga cumplir los “derechos” de los jóvenes.
En entrevistas que realizó El Litoral a referentes sociales y políticos, se puso el acento en los motivos que llevan a los jóvenes a delinquir, y hablaron de consumo de drogas, déficit en la escolarización, familias desintegradas y baja calificación laboral, entre otros temas.
“Venimos trabajando hace muchos años con los niños que están en conflicto con la ley y hemos advertido que no hay en la provincia instituciones adecuadas para dar contención. En Corrientes no se aplica la ley integral de niños y creo que primero hay que trabajar en esa línea. En ningún país dio resultado criminalizar al menor y no creo que esta sea la solución”, dijo a este medio el subsecretario de Coordinación de Políticas Sociales de la Municipalidad de Corrientes, Juan Fernando Marcópulos.
Al mismo tiempo comentó que “hablamos de niños cuyas familias están desintegradas y cuyos padres no tienen trabajo o son adictos”. “Tenemos una situación de falta de control y colaboración de parte de los padres y esto se agrava por el consumo, vivimos una situación muy difícil en los barrios y hay una alta criminalización”, sostuvo.
Una representante del foro de vecinos que se constituyó tras el asesinato de Maxi Aquino, el joven que murió en un robo, habló de la seguridad en la provincia y también opinó que es primordial trabajar en la prevención.
“Es un tema que requiere de mucho estudio, primero creo que es necesario implementar programas sociales que refieran al niño. Estos casos son consecuencia de una familia enferma que muchas veces por falta de trabajo llega a las adicciones. No estoy de acuerdo con este castigo pero tampoco con el ‘garantismo’ y leyes que permiten salir a los menores sin antes poner límites a estas situaciones. En algunas peticiones los vecinos hablamos de esto y solicitamos que los menores y los padres tengan conductas de resarcimiento con la sociedad”, sostuvo a este medio Miriam Gómez.
Esta semana el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri, se refirió al anteproyecto y al contexto que lo enmarca: “El tema es cada vez más grave en cantidad y en calidad. Yo empezaría a analizar el tema por los mayores, es decir, la Ley de Educación prevé una fuerte multa a los padres que no manden a sus hijos a la escuela, sin embargo no hay ningún cobro de la misma. Entonces somos los mayores los permisivos. Los mayores debemos ser los responsables de las conductas de los menores, ya que cuando uno de ellos comete un hecho delictivo es porque detrás hay un mayor”.
Este medio habló con la jueza Pierina Ramírez, quien sostuvo que el 99,9 por ciento de los jóvenes que delinquen lo hacen bajo los efectos de alguna sustancia. La referente de Derechos Humanos, Hilda Pressman, también se refirió a esta situación y recordó que muchos de los jóvenes nacieron en la época de la crisis del 2001.
El ministro de Justicia, Jorge Quintana, reconoció que faltan modificaciones en la provincia.
Sábado, 7 de enero de 2017
|
