POR JORGE EDUARDO SIMONETTI Los cascos de la corrupción  El capitalismo de amigos fue parte esencial de la trama kirchnerista. La investigación judicial en la obra pública tiene a los empresarios mirando para otro lado, todavía. POR JORGE EDUARDO SIMONETTI
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Para El Litoral
Cristina dixit: “El dinero que el ingeniero López tenía en su poder, alguien se lo dio. Y no fui yo”.
(@CFKArgentina)
EMPRESARIOS EN LA MIRA JUDICIAL
Bajo una capa de hipocresía tan gruesa como su maquillaje, se oculta una gran verdad en los dichos de Cristina Kirchner del 16 de junio ppdo., luego del escándalo producido por los bolsos atiborrados de dólares, euros y relojes, arrojados por los muros de un convento por quien fuera su secretario de Obras Públicas, José López.
Es cierto, ella no le dio dinero de su peculio privado de abogada exitosa para llenar los bolsos, eso es casi una verdad de Perogrullo. De acuerdo a las investigaciones en trámite, esos montos fabulosos provienen de la comisión de delitos en perjuicio del erario público, del que Cristina, como presidenta, era la máxima responsable. Su contribución, por acción u omisión, por negligencia o dolo, es decisiva como máxima autoridad de la Nación, para que Lopecito, Jaime y cuántos más, se llenaran los bolsillos.
No es lo único que escribió en su muro de Facebook ese día: “Que nadie se haga el distraído. Ni empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices estructurales de la corrupción a lo largo y a lo ancho de nuestra historia y de la universal”.
Tenía razón una vez más, nadie debía hacerse el distraído, menos aún muchos empresarios que desde tiempos inmemoriales cartelizaron la obra pública. Sin embargo, el problema no es lo que dice, sino quién lo dice. Es la que menos debería jugar de distraída, como aparece en su red social, porque fue ella la presidenta de la Nación durante gran parte del tiempo en que, de Lopecito para arriba, se acumularon fortunas de dinero sucio.
Tras el maquillaje de sus dichos se esconde la verdadera naturaleza de la estructura relacional de la corrupción, especialmente en el ámbito de la obra pública, cuya investigación por estos tiempos está casi exclusivamente centrada en algunos funcionarios públicos y en unos pocos íconos empresariales del “capitalismo de amigos” del kirchnerismo, como son Lázaro Báez y Cristóbal López.
Sin embargo, son muchos los empresarios de la obra pública, amigos o no del gobierno, que saben muy bien de lo que se trata cuando se habla de corrupción en el área en la que son la contraparte del gobierno. La empresa sueca Skanska fue pionera de la coima en los primeros tiempos del kirchnerismo.
La “lista de la felicidad” era confeccionada puntualmente todos los meses por Lopecito, con absoluta discrecionalidad y sin actuaciones que acreditaran el avance de las obras. Los “felices” empresarios cobraban y, obviamente, retornaban.
Héctor Méndez, ex titular de la Unión Industrial Argentina, dijo que los sobornos eran vox populi. Juan Chediack, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, afirmó que Cristina, De Vido y López sabían lo del pago de coimas. Pero el capital es cobarde, cuando fueron interrogados por la Justicia ambos contestaron que “no me consta”.
Es verdad revelada que importantes empresarios dedicados a la obra pública pagan el “peaje”, o conocen el sistema, para acceder a los contratos, que son los más jugosos y muchas veces de mayor rentabilidad. Sucede en la Argentina y en el mundo.
La “cartelización” empresarial es el modo tradicional de distribuirse las obras públicas y compartir ganancias. El acuerdo colusorio consiste en eliminar la competencia en las licitaciones públicas, de manera tal de socializar los dividendos entre las empresas del sector, distribuirse los contratos, acordar precios y establecer condiciones.
“Hay cierto grado de cartelización de la obra pública con los sobrecostos que ello implica”, dijo en noviembre de 2005 el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, causando un revuelo que le costaría el cargo.
Obviamente, el “cartel” de la obra pública cuenta con la complicidad del funcionario público, que es el beneficiario del soborno que ello supone, y siempre tiene una consecuencia disvaliosa para el erario público: el sobreprecio.
La compañía centenaria del argentino Enrique Pescarmona colapsó en Brasil cuando se atrevió a competir con precio y calidad en el rubro de turbinas para represas. Su suerte acabó cuando pasó un precio por turbina que obligó a todos los demás a bajar 900 millones de dólares.
La estatal brasileña, a cargo de Valter Cardeal (íntimo de Dilma), lo ahogó al no pagarle una deuda acumulada de 250 millones de dólares por la energía eólica que producía y le rescindió unilateralmente el contrato.
Paradójicamente, Pescarmona fundó su empresa en Brasil tratando de sobrevivir al capitalismo de amigos que rigió en la Argentina desde 2003. Es el mayor fabricante de turbinas hidráulicas de la Argentina, ganó dos veces la licitación de la represa Kirchner-Cepernic, y ambas fueron anuladas. Finalmente, la obra cayó en empresarios que nunca construyeron una represa ni una turbina (datos obtenidos del diario Perfil).
Luis Juez, cuando intendente de Córdoba, no pudo construir en 2005 viviendas sociales con fondos nacionales porque se negó a aceptar la sugerencia de entregar la obra a la empresa Electroingeniería sin licitación.
La estructura de la corrupción tiene, por lo común, un mostrador de dos lados: el del empresario que corrompe y el del funcionario que es corrompido. Una relación bifronte entre el sector privado y el público, con el soborno como elemento conductor.
Sin embargo, sin ser absolutamente pionera, la Argentina del siglo XXI fue pródiga en una metodología diferente, aquella en la que la estructura relacional de la corrupción queda reducida a un solo actor principal, aunque se simule la bilateralidad. Se trata de un mostrador giratorio, ocupado por el mismo comediante, aunque del lado público se exhiba a cara descubierta y del otro con la careta de empresario.
De tal modo, corruptor y corrompido son lo mismo, tienen identidad, no comparten el producto de las fechorías. El funcionario que representa al Estado, que contrata y paga con dinero público, es el mismo que, a través de hombres de paja, es propietario de la empresa que recibe el encargo y el pago. Obviamente, con generoso sobreprecio y adelantos millonarios sobre obras no realizadas. La “autocontratación” es un negocio redondo: no hay que repartir el botín. Es una coima a uno mismo.
Austral Construcciones se fundó una semana antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia de la Nación. Fue adjudicatario de casi el 80% de las obras nacionales en Santa Cruz. Las explicaciones sobran.
Ello no puede hacerse sin la complicidad no sólo de los resortes de control público sino también de los empresarios que coparticipan de la “cartelización” y que callan para seguir haciendo pingües negocios con la corrupción de Estado.
El “lava jato” brasileño hizo desfilar a los empresarios comprometidos de a uno en fondo por los tribunales y por las cárceles brasileñas. En nuestro país todavía no sabemos que la investigación judicial, de comprobada velocidad variable, haya avanzado seriamente contra el capitalismo de amigos. Lopecito es el personaje tragicómico de esta historia que, repleto de dólares en sus bolsillos, terminó sus fechorías en un convento religioso.
No es casualidad que ya preso se le haya puesto el mismo casco que utilizan los empresarios de la obra pública. ¿Será premonitorio para ellos?
Domingo, 3 de julio de 2016
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