Domingo 29 de Junio de 2025
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EL PROYECTO DATA DE 2007
Las obras de Báez en el Iberá habían sido sobrepresupuestadas en un 20%
El próximo mes se cum­plirán nueve años de una obra ampliamente promo­cionada por el colombismo: pavimentar parte de la Ruta Provincial Nº 40, principal vía de acceso a los Esteros del Iberá.
NORTE de Corrientes tuvo acceso a tres decretos de 2008 que reglamentaron el llamado a licitación para el emprendimiento vial, esto último hecho en 2007 a través de la Resolución Nº 1564/07 incorporada luego al convenio para ejecutar los trabajos entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Gobierno de la Provincia. Casi una década después no solamente los trabajos no se hicieron, sólo obras secun­darias como movimiento de suelos y enripiado, sino que el costo del emprendimiento trepó a un 340%. Dato reve­lado por las actuales autori­dades de la DNV. Además, el trabajo, ahora sale a superfi­cie pública, tuvo que ser lle­vado adelante por el oferente que ganó la licitación allá por septiembre de 2007, “Empre­sa Sucesión de Adelmo Bian­calani”, una firma que detrás de ese nombre lo tenía al por entonces ignoto Lázaro Báez. Hoy detenido en el Penal Federal de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), acusado de lavar dinero justamente a través de la obra pública re­cibida durante los doce años de gobierno kirchnerista.

El dato relevante en esta historia es que el Estado provincial desde 2010 con el regreso al poder de Ri­cardo Colombi, por medio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) introdujo una serie de modificaciones al proyecto original. Esto ge­neró dos cosas: la demora en ejecutar los trabajos y quizás lo más importante para los funcionarios provinciales de turno, el aumento en el costo de la obra. Pero antes, cuan­do se hizo el primer llamado a licitación para la obra prin­cipal y dos obras paralelas que incluían la construcción de un puente en la zona, to­das las empresas ganadoras de los procesos licitatorios superaron lo estipulado en el presupuesto oficial por encima del 20%. Es decir, las licitaciones hechas por el Gobierno correntino fue­ron entregadas a firmas que salían mucho más caras de lo que recomendaba el pro­yecto originario de las obras, dicho trabajo hecho por téc­nicos de Vialidad Provincial.

¿Qué decía, cómo era el proyecto inicial de los tra­bajos? En los considerandos del Decreto Nº 321 del 12 de marzo de 2008, el costo total de la obra estaba fijado en $118.499.180,00. Incluía la construcción de un puente sobre el río Miriñay, ubicado en la zona de los humedales en un lugar conocido como Paso Meza. En este primer decreto se informa que la Dirección Provincial de Via­lidad (DPV) es la encargada de ejecutar el proyecto eje­cutivo de la obra y a su vez, “la confección de la docu­mentación para el llamado a licitación”.

En otro tramo más adelan­te se aclara que todo el costo del emprendimiento será lle­vado adelante por el Estado nacional a través de la DVN.

A continuación, el decreto informa sobre la aprobación del proyecto ejecutivo que, como se indicó más arriba, lo llevó adelante Vialidad Provincial. Ese proyecto establecía las obras: “Ruta Provincial Nº 40. Tramo Ruta Nacional Nº 123, Ruta Nacional 14, Sección Puesto Ciro, Empalme Ruta Provin­cial Nº 114. Completamiento, adecuación de obras básicas, ejecución de pavimento y se­ñalización”.

Así era el proyecto original para la ruta de acceso a los Esteros que hasta el día de hoy no se hizo.

En la segunda página del Decreto 321 del 12 de marzo de 2008 hay otro detalle. Si bien en la medida se indicó, en la primera página, que el costo total de la obra era de $118.499.180,00, el trabajo fue encargado a la firma de Báez con sede en las afue­ras de Resistencia (Chaco), pero dicha empresa cotizó la obra en $140.421.982,18. Un 18,50% más caro que la co­tización oficial. Esta diferen­cia de costos, es decir, entre lo que figura en los pliegos de licitación y la cotización de las empresas oferentes sue­le ser “normal”. Se sostiene en que la firma ganadora es cara debido a los materiales que usará en la obra y en la velocidad que imprimirá a los trabajos para terminar­los en el plazo estipulado, justamente en los pliegos de licitación. Requisitos que en este caso hasta ahora no se cumplieron. En el último tra­mo del Decreto se aclara que la DNV “podrá ejecutar la re­determinación de los precios contractuales”.

Un segundo Decreto, el Nº 418 del 4 de Abril de 2008 reglamenta la entrega de una parte de las obras que debían realizarse so­bre la Ruta Nº 40 -como ya lo informó este diario a lo largo de la semana-, los tra­bajos fueron desglosados y entregados a otras firmas. En este caso se trató del “Completamiento de Obra Básica y Ejecución de Pavi­mento Flexible” que debía realizarse entre el empalme de la Ruta Nacional 123 y el Puesto Ciro. Se trata de una extensión de 40 kilómetros y el presupuesto oficial fue valuado por entonces en $54.617.751,47 con un plazo de ejecución de doce meses. Las firmas que compitieron para quedarse con esta parte de los trabajos fueron la ya conocida “Sucesión de Adel­mo Biancalani” y “Rutas del Litoral SA”, esta última tiene dirección fiscal en la provin­cia de Buenos Aires. Fue la que se quedó con el trabajo a pesar de que valuó el costo de la obra mucho más por arriba del presupuesto ofi­cial. En el propio Decreto Nº 418 se reconoce que la em­presa cotizó en un 19,98% más de lo que oficialmente se evaluó para los trabajos. “Rutas del Litoral SA” pre­sentó un presupuesto de $92.112.407,50. A pesar de la diferencia en los costos la firma se quedó con esta parte de las obras en la zona de los Esteros. Hay que re­marcar que si bien todo fue financiado con dinero del Tesoro Nacional, los pliegos y los llamados a licitación se hicieron en Corrientes. Esta es una clave si alguna vez se investiga qué pasó con el dinero pagado a las firmas pero las obras nunca se eje­cutaron. La participación de los funcionarios nativos no es de reparto.

El tercer Decreto, el Nº 419 fechado el 4 de Abril de 2008, reglamentó la adjudi­cación de la obra: “Construc­ción de Puente de Hormigón Armado, terraplenes de ac­ceso, sobre el Río Miriñay (Paso Meza)”. El costo oficial para este viaducto, siendo una obra secundaria a la pa­vimentación de la Ruta 40, se valuó en $14.145.821,06. El plazo de ejecución se fijó en doce meses.

A la licitación pública se presentaron dos firmas, una conocida en toda esta his­toria: “Sucesión de Adelmo Biancalani” y “J.C.R. SA”, la que se quedó con la cons­trucción del puente. Y al igual que todos los trabajos anteriores, la firma cotizó un 26,90% más que presu­puesto oficial. Asimismo ganó la licitación, la em­presa había presupuestado $17.951.016,13.

Una paradoja de todo este laberinto de obra pública pagada pero no hecha fue lo que le ocurrió al gober­nador Ricardo Colombi el pasado Viernes Santo. En su camioneta y junto a su fami­lia se dirigía a pasar el fin de semana de Pascuas a los Es­teros del Iberá, pero no pudo llegar al poblado de Carlos Pellegrini debido a que su rodado quedó empantanado por el pésimo estado del ca­mino. s

CONTEXTO

La firma Sucesores de Adelmo Biancalani, con sede en el Chaco, fue el instrumento que utilizó Lázaro Báez para acaparar la obra pública en las provincias del NEA, financiadas por la Nación. Un informe pe­riodístico de 2008 de­cía: “Biancalani vendió el 60% de su empresa familiar, sus competi­dores afirman que se asoció con Lázaro Báez, que tiene como direc­tor de su constructora, Austral, a Julio Mendo­za, nacido en Chaco. El apoderado de Bianca­lani era Carlos Joaquín Alonso, un ingeniero que también ocupó cargos de relevancia en la constructora de Báez y con muchísima llegada al Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido”.

En el Chaco también hay una obra inconclusa

Casi al mismo tiempo en que la firma controlada por Lázaro Báez se hacía del con­trato para la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 40 en Corrientes, del otro lado del río Paraná, en el Chaco, la misma firma ganaba la licita­ción para la obra de mejora­miento de la Ruta Provincial Nº 7. El resultado fue idén­tico en ambas orillas: no se hicieron los trabajos, pese a que se readecuaron los pre­cios y se cobraron algunos certificados.

El caso en el Chaco mo­tivó diversos reclamos de la comunidad y con el esta­llido del escándalo judicial que envuelve al empresario kirchnerista Lázaro Báez, un puñado de legisladores provinciales del radicalismo (alineados a Cambiemos) salió a denunciar el incum­plimiento del contrato. Le apuntan al Gobierno provin­cial. Aquí, en Corrientes, los diputados y senadores del radicalismo miran distraídos para otro lado, sucede que su líder, el gobernador Ricardo Colombi, fue connivente con las operaciones turbias del constructor patagónico que cartelizaba la obra pública. El justicialismo correntino, que aún no sabe en qué lugar de la cancha ubicarse y mira con añoranza al kirchneris­mo, también guarda silen­cio. Sus adalides políticos, Néstor y Cristina Kirchner, alimentaron el monstruo lla­mado Báez.

Como sea, lo concreto es que la pavimentación de la Ruta Provincial 7 en el Cha­co, en el tramo comprendido entre General San Martín y Colonias Unidas, nunca se terminó. La obra fue adjudi­cada en 2008 a la firma Su­cesores de Adelmo Bianca­lani (controlada por Austral Construcciones de Lázaro Báez) y la primera hormigo­nada se volcó a fines de 2010, sin embargo después del im­pulso inicial los trabajos se paralizaron.

El convenio establecía que la empresa tenía 24 meses para ejecutar la obra y se es­tipuló un período de garantía de 6 meses. Los plazos ven­cieron hace tiempo. El con­trato se fijó en 170 millones de pesos. Los especialistas di­cen que era una exageración.

Apenas se conocieron los detalles de la contratación surgieron sospechas. El dia­rio Crítica, dirigido por Jorge Lanata, cronicaba en aquel entonces: “La pavimentación de la segunda sección de la ruta provincial 7, que unirá las localidades de San Martín con Colonias Unidas, un em­prendimiento de casi 170 mi­llones de pesos, será realiza­da por la empresa ‘Sucesores de Adelmo Biancalani’: uno de sus dueños es el senador nacional Fabio Biancalani y aliado del gobernador, Jorge Capitanich, con íntimo vín­culo con la constructora de uno de los socios de Kirchner Lázaro Báez, identificado por la oposición como su testafe­rro”.


Martes, 19 de abril de 2016
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