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DESMANTELARON ESTRUCTURA PARALELA Por serias denuncias de corrupción, Ríos intervino el Centro Emisor de Licencias  Ante un pedido del Intendente se realizó una presentación penal contra agentes del área y contra un colectivero que operaba desde afuera. Cobraban hasta 5 mil pesos por expedir documentación de manera irregular. También suspendieron a dos inspectores por presuntas coimas. Sorpresivamente y producto de una investigación interna, la Intendencia golpeó el corazón del Centro Emisor de Licencia con denuncias penales y sanciones administrativas contra funcionarios. Desde el Municipio comunicaron que detectaron un circuito paralelo de emisión de carnet de conducir. También avanzaron contra agentes de Tránsito por presuntas coimas.
El intendente Fabián Ríos firmó en la semana varias resoluciones para atacar la corrupción en la burocracia municipal. Ayer intervinieron por un año el organismo que expide los carnets de conducir, donde sopesaron elementos que permitieron a la Comuna iniciar una denuncia penal por hechos de corrupción ante la Fiscalía de Instrucción Nº 5 a cargo de la fiscal Graciela Fernández Contarde.
El Jefe comunal ordenó al Servicio Jurídico Permanente y a la Secretaría de Transporte y Tránsito que activen los mecanismos necesarios para sancionar, profundizar la investigación y denunciar ante la Justicia provincial a los agentes de esta última repartición que hayan cometido delitos de corrupción, ya sea por acción directa, omisión o por desidia en el control de sus áreas.
Las denuncias contra los funcionarios del Centro Emisor de Licencias (CEL) y contra los inspectores se efectivizó el 9 de marzo. Ayer se avanzó con la intervención del organismo y allanamientos para recabar más pruebas. Se secuestraron documentos, teléfonos móviles y computadoras. Allí estuvieron presentes el titular del Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad, Justo Pío Sierra, y el secretario de Transporte, Gustavo Larrea.
Un manto de sospecha se desplegó sobre la repartición. Casi todos los administrativos del organismo fueron sumariados y relevados de sus funciones. Algunos también fueron suspendidos porque están directa e indirectamente involucrados en las investigaciones administrativas y penales.
El centro quedó bajo la intervención de Jorge Saipe, quien estará acompañado por tres subinterventores: Miguel Angel Benítez, Karina Domínguez y Javier Sánchez. Estos tendrán el papel de devolver a la normalidad el servicio, pero además deberán “auditar, esclarecer conductas y profundizar las investigaciones administrativas y judiciales” tendientes a “desmantelar definitivamente el circuito de corrupción que fue detectado, y que los responsables reciban las sanciones con todo el peso de la ley”, según indicaron autoridades del Ejecutivo municipal.
Saipe reemplazará al ex director del centro, Eduardo Benítez, sobre quien recaen las acusaciones de montar una estructura paralela de emisión de carnet. En total la Comuna suspendió por 30 días y denunció penalmente a seis agentes de la repartición. Esto incluye a dos inspectoras instructoras de Seguridad Vial, jefes de Departamentos y directores.
La denuncia penal también alcanza a un particular en cuya vivienda en el barrio Ponce se realizó ayer un allanamiento. Se secuestraron sellos y formularios oficiales de la Municipalidad. Se trata de un chofer de una empresa de colectivo que no tiene vínculo laboral con la Municipalidad de Corrientes y que operaría como nexo externo de las oficinas.
Por el momento se está investigando desde cuándo operaba esta red. Según informaron a El Litoral desde el área de Servicio Jurídico Permanente, los agentes involucrados utilizaban incluso un tarifario alternativo al oficial que oscilaba entre los 1.500 y los 5.000 pesos para expedir el carnet de conducir. Esto dependiendo de qué tipo de papel demandaba el solicitante.
“Si necesitaba antecedentes del Registro Nacional de Residencia o pasar sin control el examen visual o el psicológico, tenía una tarifa. Esto es gravísimo y no se puede permitir”, dijo a este diario el asesor legal de la Comuna, Justo Pío Sierra.
Las figuras penales a tipificar son varias. Cohecho, estafa al contribuyente e incumplimiento de deberes de funcionario público son algunos de los delitos que requirió el Municipio.
El abogado, además, indicó a este medio que avanzarán con “todas las áreas” municipales de contar con elementos similares y denuncias de los ciudadanos. “Es una decisión política del intendente Fabián Ríos de profundizar la lucha contra la corrupción y también queremos pedir la colaboración de la ciudadanía para que ante casos de este tipo se acerquen a realizar la denuncia”, dijo Sierra.
Sábado, 12 de marzo de 2016
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