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OCUPACIONES ILEGALES Dos asentamientos tienen sentencia de desalojo y esperan firma de la jueza  La Justicia avanza con las definiciones sobre el desalojo de predios que fueron usurpados a principios de este año. Las fuentes judiciales consultadas por este medio explicaron que existe un pedido de desalojo para el barrio Quilmes, dictado hace algún tiempo, y otro para el Virgen de los Dolores que fue enviado hace pocas semanas a la jueza interviniente en la causa. Los casos fueron estudiados y evaluados por la fiscal correccional Nº 1, María Andrea González, quien ya hizo el pedido correspondiente a la jueza de Correccional Nº 2, María Cristina Sánchez, quien asumió en el cargo hace poco. Según se pudo saber, es la magistrada que tiene en su poder el paso final para que se produzcan los desalojos. La fiscal remarcó a NORTE de Corrientes que tras realizar todos los pasos administrativos pertinentes y evaluar la situación de cada uno de los casos, se llegó a la definición de que sean desalojados. “Son familias que ingresaron a terrenos privados y se instalaron construyendo viviendas precarias y luego colocando los servicios en forma irregular”, explicó González al ser consultada por el tema. En ese sentido, la funcionaria judicial destacó que la situación de cada una de las tomas es particular y se evalúa en forma pormenorizada, sobre todo por la gran cantidad de menores que habitan en los predios. En el asentamiento del barrio Quilmes ubicado en la calle Garay, se encuentran instaladas unas 30 familias, de las cuales varias avanzaron con las construcciones de viviendas de material. El predio, según se pudo saber, pertenecería a la familia Picchio y además en el lugar funciona desde hace muchos años la cancha de fútbol del equipo cervecero del barrio, motivo que trajo varios problemas. Mientras que en el espacio usurpado en el barrio Virgen de los Dolores habitan 20 familias y también en los últimos meses habrían avanzando notablemente con el mejoramiento de las construcciones. La situación es clara y los dictámenes están listos y enviados a la jueza que entiende en la causa, a la espera de que la funcionaria decida cuándo y cómo se llevarán a cabo los desalojos. “Ahora todo depende de la jueza, ella es quien debe definir la situación y los pasos que se deben llevar a cabo”, remarcaron desde la fiscalía. En el medio, casi 100 familias insisten en que no se moverán del lugar y destacan que no tienen otro sitio a donde ir. Denuncian falsas promesas por parte de funcionarios municipales, quienes les habrían asegurado los últimos meses el acceso a terrenos a pagar en cuotas sociales. Si bien la fiscal no dio certezas sobre cuándo se llevaría a cabo el desalojo, destacó que el predio tiene dueño y las familias que se encuentran allí deberán retirarse. “El proceso administrativo ya fue iniciado con respecto a ese predio, además se imputará a quienes se encuentran allí”, dijo González. Éste es un año particular en cuanto a la toma de terrenos, las fuentes judiciales consultadas por este medio remarcaron que muchas de las usurpaciones que se dieron en 2015 se produjeron por efecto contagio. Hace algunas semanas se efectivizó el desalojo de un predio en el barrio Popular donde habitaban nueve familias. “Allí tuve intervención y la decisión fue llevada a cabo en pocas horas y con el apoyo de las fuerzas policiales se logró sacar a quienes se encontraban en el lugar, como también quitar las precarias casillas que habían comenzado a colocar pese a la medida cautelar que les impedía edificar en el terreno”. La toma del predio ubicado en la avenida Garay se produjo en mayo por familias del barrio Juan XXIII. La situación se dio en forma paralela a la usurpación en el barrio Patono y en el Virgen de los Dolores.
Miércoles, 14 de octubre de 2015
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