PREOCUPACIÓN Luz y Fuerza advirtió que el estado de emergencia se extenderá hasta 2017  La administración provincial renovó por un año la emergencia energética, para disponer de fondos presupuestarios ante cualquier contingencia. Una medida que amplía las facultades de los integrantes de la intervención, en la Dirección Provincial de Energía de la Provincia de Corrientes (Dpec), para realizar contrataciones directas y compras de insumos y equipamientos, de la misma forma. Justamente hace un año, cuando se dictó la emergencia, se hizo la reserva de que la misma podría extenderse de manera automática por un año más. Sin embargo, en el sindicato de Luz y Fuerza, que agrupa a los trabajadores de la firma distribuidora de energía, anticiparon a NORTE de Corrientes que el estado de emergencia en esta materia “será para toda la gestión”. El Gobierno provincial desistió -finalmente- de sumarse al plan de convergencia energética, por el que debería recibir fondos y volcarlos a inversiones de dicho rubro. Un programa al que sí se había sumado en abril de 2014, pero que no lo renovó en diciembre pasado, en ese esquema prometieron a la provincia unos $180 millones, de los cuales solamente, según funcionarios locales y el propio gobernador Ricardo Colombi, unos $20 millones. Pero la provincia debí sanear el estado financiero de la Dpec y saldar sus deudas con las empresas transportistas.
El 14 de julio de 2014 se emitió el decreto 1.890, en el que se dictan las restricciones para el uso energético dentro del territorio provincial, y que seguirá hasta julio de 2016.
“Restricción de los espectáculos públicos, el uso de ascensores y aires acondicionados; además de la eliminación de iluminación ornamental en edificios estatales”. Pero de fondo está la viabilidad de mover grandes partidas presupuestarias, de cualquier área, para volcarlas en la empresa distribuidora estatal de energía.
“La medida es por un año y prorrogable por otro más. Luz verde para efectuar contrataciones directas y evitar licitaciones y las restricciones que solicitan” señaló a este medio Ernesto Montiel.
Otras de las razones esbozadas por el titular del sindicato es que “no hay fondos nacionales, por lo que el que el Gobierno debe hacer frente a los déficits energéticos con fondos propios. De esta manera se ha podido equipar a la Dpec con más de cien camionetas y grúas”.
Ante este escenario, cabe recordar que Corrientes había declarado la emergencia energética desde 2010. Desde entonces se ha prorrogado hasta mediados de 2013.
En los argumentos del decreto 1.312, del 1 de julio de 2015, fijan como necesaria la declaración de “emergencia energética en todo el ámbito de la provincia, para determinar las políticas necesarias y extremas, a efectos de hacer frente a las necesidades inmediatas en procura de la normalización y regularización del sistema eléctrico”.
“Podemos decir que se han hecho cosas, pero aún tenemos deficiencias”, finalizó.
UNA OBRA CON DEMORAS
El proyecto de 500 kilovatios entre Rincón Santa María y Puerto Bastiani -Resistencia-, habría superado la instancia de evaluación ambiental por parte de la provincia de Corrientes, pero desde el Gobierno no habilitarían los permisos hasta tanto no depositen los fondos para iniciar un tendido paralelo en municipios de la costa correntina. La fuerza de Corrientes en las negociaciones deviene en que se ejecutará en parte de su jurisdicción, lo que le da atribuciones especiales. Una de esas decisiones pasa por declarar al proyecto libre de impacto ambiental, lo que debe hacerlo el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa). Según se pudo saber, el Icaa no avanzará con esa posibilidad mientras no reciba estudios complementarios que ha venido reclamando. Por ello, los trabajos, pese a los ostensibles preparativos, aún no han comenzado ni tienen perspectivas de hacerlo inmediatamente. Pero aún así las obras quedarían supeditadas a que la Nación cumpla con los fondos pactados para las ejecuciones complementarias.
Sábado, 18 de julio de 2015
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