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ESTRATEGIAS LABORALES Analizan poner en marcha una bolsa de trabajo para presos  Representantes de la Iglesia, el Ministerio de Educación, Legislatura y Derechos Humanos se reunieron con el defensor del Pueblo de Corrientes y el delegado local de Nación. Integrantes de distintas instituciones que trabajan para mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad se reunieron ayer en la Defensoría del Pueblo de Corrientes. El objetivo es reformular estrategias laborales para los internos del sistema penitenciario.
El encuentro estuvo encabezado por el defensor Miguel Alegre. Participaron el delegado local de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Facundo Leguizamón; la diputada provincial Sonia López; Lucía Abad por la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado; Hilda Presman de la Red de Derechos Humanos; Mariano Anastasi de la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación de la provincia; y Ana María Canteros y Roque Romero del Servicio Penitenciario de la provincia.
En la ocasión analizaron varias opciones para garantizar el derecho de las personas privadas de su libertad a acceder a un trabajo. Se planteó la posibilidad de implementar bolsas de trabajo y cupos de empleo para trabajadores en situación de encierro y liberados. También se abordó la problemática de aquellos internos que se encuentran condenados sin sentencia firme y que aún no pueden acceder al beneficio de las salidas transitorias por distintas causas, como por ejemplo, por estar tratándose su apelación en el Superior Tribunal de Justicia.
Por su parte, el delegado local de la Defensoría del Pueblo de la Nación explicó la situación actual de las actuaciones que lleva adelante para hacer realidad el beneficio del Monotributo Social para los trabajadores en situación de encierro y/o liberados.
El representante del área educativa, en tanto, expuso en la reunión un informe respecto de los oficios que se enseñan en las unidades penales y se detalló la cantidad de egresados que terminaron las distintas carreras.
Finalmente, teniendo en cuenta como se expiden actualmente los Certificados de Antecedentes Penales para personas liberadas por parte de la jefatura de Policía de la provincia, se resolvió en la reunión que se van a requerir informes a esa institución al respecto, con el objetivo de no afectar los derechos tanto de quien contrata como de quienes salen en libertad y quieren acceder a un empleo, según informaron a través de un comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo.
Martes, 10 de marzo de 2015
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