La voluntad del Gobierno de implementar por primera vez la denominada ley antiterrorista contra la imprenta Donnelley por un presunto fraude en su quiebra volvió a abrir el debate en torno a la cuestionada norma. La mayoría de los referentes de la oposición salieron al cruce del Ejecutivo y pidieron derogar o modificar la ley, con el objetivo de evitar consecuencias negativas con su aplicación. En simultáneo a esta pelea, los directivos de la firma norteamericana estarán impedidos de salir del país, hasta tanto no se defina el proceso judicial (y político) comenzado luego del cierre de la planta de Garín.