POLICIALES Chajarí: Condenaron a un correntino por explotación sexual y trata de personas  Un correntino, una santafesina y una brasileña que tenían prostíbulos en Chajarí recibieron cinco años y cinco meses de prisión. Tres personas fueron detenidas, imputadas y procesadas por trata de personas con fines de explotación sexual en 2009, en la ciudad de Chajarí. Los juzgaron tres años después y fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal de Paraná. En 2015, ese fallo fue anulado por la Cámara Federal de Casación Penal y en octubre se realizó un nuevo juicio, esta vez un abreviado, en el que los tres fueron condenados a más de cinco años de cárcel. Se trata de José Antonio Romero, alias Neio, de 48 años, oriundo de Corrientes; Guadalupe Insaurralde, alias Chela, de 44, nacida en Santa Fe; y la brasileña Natividade Izildihna Leao, alias Izi, de 42, domiciliada en Chajarí.
Eran regentes o propietarios de cuatro prostíbulos, todos de la zona de dicha ciudad del Departamento Federación, próximos a la "ruta del Mercosur": Tekila, El Portal, Momentos y La Farola.
Según la investigación, los tres conformaban una organización dedicada a captar mujeres para la explotación sexual. Familiares y allegados de Insaurralde radicados en la ciudad de Santa Fe contactaban a mujeres y las engañaban con un trabajo y un futuro promisorio. Leao hacía lo propio en otras localidades. Luego las mujeres eran trasladadas a los prostíbulos y sometidas.
Los hechos por los que fueron imputados ocurrieron hace nueve años. En primer lugar, el que comenzó el 29 de octubre de 2009, cuando tres mujeres escaparon de Tekila, donde vivían y trabajaban desde hacía algunos meses. Las ayudaron tres camioneros que un día fueron al prostíbulo a tomar bebidas y accedieron a llevarlas a Santa Fe al día siguiente.
Esa noche se fueron todos al camping municipal Santa Ana de Chajarí para comer un asado. En un momento, una de las mujeres fue a buscar a su hija de 12 años. Cenaron y se quedaron a dormir en el camping. El viernes 30 al mediodía irrumpió Romero en una camioneta Renault Kangoo, se bajó blandiendo un palo y amenazó a las mujeres con romperles las piernas. Una de ellas se quedó defendiéndose con un cuchillo, mientras que las otras dos y la nena corrieron hasta el destacamento Mandisoví de la Prefectura Naval.
Allí dos prefectos de la Guardia las asistieron y luego fueron al camping a rescatar a la tercera mujer.
El segundo hecho imputado se investigó a partir de una denuncia en la comisaría de Chajarí, el 18 de enero de 2010. Una mujer relató que trabajaba como empleada doméstica en San Vicente, Misiones, y fue conectada por Izi, propietaria del boliche La Farola. La brasileña le ofreció trabajo como empleada doméstica, donde ganaría más dinero, le pagó un pasaje de ida y viajó el 6 de enero.
Al llegar al local, la encargada le dijo que se cambiara de ropa y le dio prendas ajustadas y zapatos con taco: "Tenés que trabajar como copera y prostituta", le dijo. Al día siguiente la llevaron a la casa de Izi, donde conoció a Chela Insaurralde, quien la obligó a prostituirse en el boliche Tekila.
La mujer denunció que le pidió varias veces que la dejara ir, pero se lo negaba y la obligaba a juntar dinero. Además, afirmó que en ese lugar explotaban a una menor que usaba un DNI ajeno.
Al día siguiente por la tarde se allanó la whiskería Tekila. Allí estaban los regentes del local, Romero e Insaurralde. Se secuestraron cuadernos y papeles con anotaciones sobre el movimiento del burdel. No fue hallada la menor de edad, por lo que el 22 de enero por la noche los uniformados regresaron al lugar, y sí la encontraron. Se constató que tenía 16 años, la trasladaron a la comisaría y luego la llevaron con sus padres en Concordia.
En el primer juicio, el TOF entendió que no había pruebas suficientes para demostrar el delito de Trata, por lo que dictó la absolución y dispuso la libertad de los acusados. La Fiscalía presentó un recurso de Casación, y la Cámara Federal hizo lugar al planteo de la acusación pública, por lo que ordenó hacer un nuevo juicio.
Para este segundo debate hubo negociaciones entre el fiscal general José Ignacio Candioti y los abogados defensores Noelia Quiroga y Rafael Briceño.
El mismo consistió en que los tres imputados aceptaban ser condenados por el delito de Trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por ser más de tres las víctimas y por ser una de ellas menor de edad. Y consintieron cumplir la pena de cinco años y cinco meses de prisión efectiva.
Lunes, 12 de noviembre de 2018
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