CRISIS DE LA DEUDA Holdouts: con negociaciones estancadas, Argentina entra en la cuenta regresiva del default  Los enviados del Gobierno se niegan a sentarse "cara a cara" con los acreedores que ganaron el juicio en Nueva York. Sin acuerdo para acatar el fallo, el 30 de julio el país recaerá en cesación de pagos
La estrategia del Gobierno con los holdouts luce errática, pero con un sentido objetivo: evitar que quede establecido cualquier antecedente que en términos jurídicos pueda interpretarse como una oferta voluntaria a los acreedores que litigaron en Nueva York. En ese contexto deben interpretarse las declaraciones públicas de los funcionarios argentinos, que calificaron como "extorsión judicial" al fallo del juez Thomas Griesa, a quien le atribuyeron la intención de "pulverizar" las reestructuraciones de deuda realizadas en 2005 y 2010.
Detrás de los encendidos enunciados políticos, la presidente Cristina Kirchner tiene clara la necesidad de obtener protección contra posibles juicios de los bonistas que aceptaron los canjes anteriores. Una alternativa es la de obtener un "waiver" (perdón judicial) para desbloquear el pago de los vencimientos de Discount en dólares con legislación neoyorquina, cuyo período de gracia concluye el 30 de julio, por lo que se habla de un eventual default en esa fecha, a 12 años del declarado en diciembre de 2001.
Como un juego de ajedrez en el que cada parte mide su movida y evalúa la respuesta, el octogenario juez Griesa impidió el pago el pasado 30 de junio, para emplazar a la Argentina a entablar diálogo con los holdouts. Conscientes de este apremio y a la vez del riesgo de desatar una ola de demandas de quienes ya aceptaron canjes, los enviados del Gobierno buscaron en las audiencias de Manhattan tres objetivos: que se levante el bloqueo para el pago de los vencimientos de junio, que el tribunal neoyorquino explicite que la Argentina no pagará de forma "voluntaria" el monto dictaminado por la sentencia y que se permita concretarlo a partir de 2015.
Argentina no puede dar señales de que cumplirá el pago en forma voluntaria
La razón es que hasta el 31 de diciembre de 2014 continúa vigente la cláusula RUFO, sigla en inglés de Rights Upon Future Offers o "derechos sobre futuras ofertas", que impide al país ofrecer a los holdouts mejores términos de pago que a los acreedores que aceptaron canjear sus títulos con fuertes quitas. El fallo de Griesa del 21 de noviembre de 2012 ordenó a la Argentina el pago del 100 por ciento al fondo NML y otros litigantes. Luego de la apelación argentina, el Tribunal de segunda instancia de Nueva York avaló el fallo de Griesa, aunque dictó un "stay" o medida cautelar hasta que se exprese la Corte Suprema de EEUU.
Fue así que el máximo tribunal norteamericano decidió el 16 de junio pasado rechazar la petición argentina para el tratamiento del caso: el fallo quedó firme. Al día siguiente, la Corte de Apelaciones decidió levantar el "stay", medida que dejó en riesgo de embargo los depósitos que la Argentina realice en el Banco de Nueva York Mellon para pagar vencimientos de deuda regulares.
El economista Orlando Ferreres apuntó por InfobaeTV que "la Argentina corrió bastantes costos arreglando con el CIADI por u$s650 millones, con Repsol por u$s6.000 millones, y también con el Club de París, que en vez de u$s6.500 millones resultaron 10 mil. Todos son costos políticos que se están pagando. Con los holdouts también es un problema, pero no se quiere pagar el costo del mismo sino aliviarse con el posible default y que después no ocurra. Pero sin arreglar con los holdouts no habría forma de conseguir de ocho a diez mil millones de dólares adicionales para el Tesoro hasta fines del 2015, porque no tiene acceso al mercado financiero internacional. El Gobierno no tiene más remedio que arreglar".
Una semana de alta tensión
Con las negociaciones estancadas, los mercados acusaron importantes pérdidas, debido a que el paso de los días diluyó la esperanza de una solución definitiva a este capítulo de la deuda. El índice Merval de acciones líderes acumuló un contundente retroceso de 8,5% en la semana, mientras que el dólar informal cerró en su valor más alto desde enero, a $12,70, con una suba de 3,4% desde el lunes.
El martes 22, el mercado financiero esperó con atención la reunión entre Griesa y los bancos y agentes de pago involucrados. Entonces, el jefe de Gabinete Capitanich advirtió que eventuales futuros nuevos juicios provocarían "un acrecentamiento de la deuda argentina entre 120.000 a 500.000 millones de dólares, de acuerdo a muchos analistas con respecto a las estimaciones de sus cálculos".
Griesa consideró que el default sería "el peor escenario" e insistió en que es "muy importante intentar llegar a un acuerdo" que tome en cuenta "los tenedores de bonos que ingresaron al canje, a las personas beneficiadas por el fallo y a las obligaciones de la Argentina". No obstante, el abogado patrocinante de la Argentina Jonathan Blackman consideró "imposible" lograr un acuerdo tan complejo en apenas siete días.
"Ya hubo funcionarios argentinos que han sido procesados por tomar acciones respecto a la reestructuración de deuda que no estaban completamente autorizadas por la ley del país", recordó Blackman, en referencia a la causa por el "megacanje" de la deuda externa de 2001. En ese sentido, el artículo 4° de la Ley 26.886 sancionada en septiembre de 2013 refiere: "Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho". Esta ley, además de la RUFO, es un obstáculo serio para encontrar una salida acordada con los holdouts, porque podría generar futuras demandas contra los funcionarios responsables de la negociación.
"La Argentina no va a estar en default por una razón esencial, obvia, porque en default entran los que no pagan, y Argentina pagó. Van a tener que inventar un nombre nuevo", dijo el jueves la presidente Cristina Kirchner. "Alguien bloqueó y no deja llegar ese dinero a los tenedores que entraron al canje de buena fe en 2005 y 2010", argumentó.
El juez Griesa consideró que el default sería "el peor escenario" para ambas partes
El viernes, los representantes del Gobierno volvieron a reunirse en Nueva York con el mediador judicial. El encuentro en las oficinas de Daniel Pollack, el cuarto en las últimas semanas, duró apenas una hora. Por el momento las discusiones están estancadas por la exigencia de garantías desde ambas partes y la negativa de Argentina de sentarse a negociar "cara a cara" con los querellantes.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, definió como "incumplible" el fallo de Griesa y contribuyó a instalar un clima muy negativo en los mercados, con caídas importantes en bonos y acciones. Y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró "claramente perceptible que la posición de los 'fondos buitres' y del juez está directamente asociada a pulverizar el proceso de reestructuración voluntaria de deuda, porque eso es una señal al mundo, al sistema financiero".
El ex ministro de Economía y diputado Martín Lousteau dijo que "debido al comportamiento de los holdouts, al del propio juez -que actúa en algunas ocasiones con menor sentido común del que debería prevalecer en un tema tan importante- y también a la trayectoria con la que el Gobierno ha manejado este tema, hoy tenemos a las tres partes colisionando la una con la otra en un desfiladero muy pequeño y con poco margen". Por InfobaeTV, propuso "que alguien intervenga comprando ese juicio, que es algo que se podría hacer, para después negociar con la Argentina de otra manera".
"El Gobierno argentino no quiere entrar en default, el juez tiene un problema con las decisiones que ha tomado y Argentina hizo bien en mostrárselo. Cuando Argentina hizo el pago, confrontó al juez con las consecuencias potenciales de su propia sentencia y el dijo: 'Si Usted embarga, está decretando el default de la Argentina y obviamente esto al juez lo incomodó", analizó Lousteau.
Recalcó que "además de los 'fondos buitre', hay un grupo de holdouts -que no entraron al canje-, que tendrían casi automáticamente una sentencia similar y después lo que dispararían aquellos que entraron en la restructuración". Según datos de deuda pública a septiembre de 2013, el Ministerio de Economía reconoce unos u$s11.600 millones en bonos que nunca ingresaron a los canjes.
Consecuencias de un default
Martín Lousteau explicó que "las instituciones financieras son las que en un principio sufrirían el impacto de un default más que el resto, porque la mayoría de las variables con las que se manejan y valúan sus activos, el precio de los títulos que tienen, van a fluctuar muy rápido, por más que se llame default técnico, selectivo o transitorio".
"En el 2001, la situación era muchísimo más grave. Teníamos depresión económica y convertibilidad; después, una mega-devaluación, cayó un Gobierno y hubo default, disparado en parte porque la devaluación hacía imposible pagar esa deuda en dólares. Hoy la situación no es ni de cerca tan problemática en términos estrictamente técnicos comparado con 2001. Antes hablábamos de u$s80.000 millones y hoy de 1.330 millones", indicó.
Jorge Remes Lenicov, quien fuera ministro de Economía durante la crisis de 2002, expresó que "el estado de la negociación es imposible saberlo. Son negociaciones reservadas, lo mejor sería llegar a un arreglo, pero si no se llega, entramos en una situación complicada. Seguramente en términos formales, las calificadoras de riesgo dirán que estamos en default, pero yo coincido con la posición del Gobierno en el sentido de que Argentina puso el dinero en su momento, viene pagando regularmente su deuda y para enero se tendría que resolver, cuando terminará la cláusula RUFO".
Según el Gobierno, el fallo es "incumplible" y busca "pulverizar" la reestructuración
"No veo ninguna catástrofe. Creo que la recesión que empezó ya hace varios meses, lamentablemente va a continuar y también la inflación alta. Un no-arreglo con los holdouts generaría alguna turbulencia con el tipo de cambio o alguna presión sobre el dólar marginal", acotó Remes Lenicov.
Shane Romig, corresponsal de The Wall Street Journal, coincidió en que "hay que distinguir que esto no es un default como el de 2001, en el que no había dinero para pagarle a la policía, o un colapso completo del gobierno. Ahora los salarios serán pagados y el Gobierno seguirá funcionando, pero hará que una situación que ya es complicada lo sea aún más. La petrolera YPF está buscando mucho dinero para desarrollar los depósitos de shale de Vaca Muerta y financiarlo será más dificultoso".
Marco Lavagna, de Ecolatina, indicó que "si la estrategia es entrar en default, espero que a partir de enero, cuando venza la cláusula RUFO, se pueda volver a la normalidad. A la Nación le va a generar un efecto negativo, pero también a las provincias como Buenos Aires o Mendoza, que estaban con emisiones de títulos que iban a ser colocados afuera, que se ven postergados o cancelados".
"La tendencia sigue siendo negativa en las reservas y estamos en niveles complejos, sobre todo en vista de los vencimientos que tenemos hacia el año que viene, con lo cual, el Gobierno ha tenido una política de salir a endeudarse en los mercados –claramente ese ha sido el objetivo que tenía – para ir 'pateando' los problemas seis meses más o para imprimir menos billetes y seguir financiándose con los mercados internacionales en vez del Banco Central. Esa política, si se entra en default, va a tener una demora de seis meses", acotó Lavagna.
Sábado, 26 de julio de 2014
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