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BAJO LA LUPA La Cámara Federal decidirá si Jaime y Uberti siguen investigados por corrupción  El fiscal Rívolo apeló la decisión del juez Casanello que cambiaba la calificación en dos causas en las que se los ex funcionarios están bajo investigación por el uso de autos del Estado. Será la Sala I de la Cámara Federal la que determine si Ricardo Jaime y Claudio Uberti cometieron el delito de malversación de caudales públicos o el de peculado de uso.
El ex secretario de Transporte del kirchnerismo fue indagado en diciembre pasado por el juez Sebastián Casanello porque se descubrió que usaba como propios dos autos que fueron asignados a dependencias estatales.
Uno de esos autos debió haber sido utilizado para controlar una obra pública que se hizo en la órbita de la Secretaria de Transporte, territorio de los negociados de Jaime. El otro fue asignado por una empresa privada, concesionaria de una autopista con peaje, para que se controlara la concesión. El segundo auto estaba bajo el control del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), el organismo que controla las rutas y era dirigido por Uberti, conocido en los albores del kirchnerismo como "El señor de los peajes".
El fiscal Carlos Rívolo, quien investiga ambos casos, imputó a Jaime y Uberti por el delito de peculado que tiene una pena que llega hasta los diez años de prisión.
El juez Casanello determinó hace unos días que Jaime y Uberti cometieron el delito de malversación de caudales cuando utilizó dos autos que estaban afectados al Estado para su uso particular. Ese delito tiene una pena que llega a los tres años de inhabilitación, es decir en más leve que lo previsto en el peculado. Y como la pena es menor los dos casos de corrupción estarían prescriptos.
Rívolo apeló esa decisión de Casanello porque considera que se cometió el delito de peculado que según el artículo 261 del Código Penal establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".
Para el fiscal Jaime, con la venia de Uberti, sustrajo los autos de la administración para uso propio. Casanello sostiene que no.
Rívolo, que reiteró el pedido de procesamiento de ambos, argumentó en su apelación que el propio Casanello había indagado a Jaime y Uberti en diciembre pasado, por el delito de peculado y que luego rechazó el planteo de prescripción hecho por lo imputados. Aquel rechazo fue apelado y la Sala I de la Cámara Federal, la misma que tendrá que resolver esta nueva apelación, dijo en abril pasado que el caso no estaba prescripto y que la calificación de peculado era adecuada.
Rívolo sostuvo que nada cambió desde entonces-es decir no hubo nuevas pruebas en el caso- y sin embargo Casanello modificó la calificación y los casos podrían prescribir.
Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah serán los que de decidan quién tiene razón: si Casanello o Rívolo. Y si los dos casos de corrupción están prescriptos o no.
Viernes, 18 de julio de 2014
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