brexit Las duras exigencias de la Unión Europea hacen peligrar una salida ordenada de Gran Bretaña  La Unión Europea (UE) y Gran Bretaña están enfrentando grandes dificultades y crecientes disensos en el proceso de divorcio de Londres del resto del continente, una realidad que se expresó claramente la semana pasada al conocerse que Bruselas podría exigirle hasta 100.000 millones de euros para concretar la disociación. Barnier fue muy claro hace ya meses y lo ratificó en los últimos días al asegurar que su misión es que Londres se haga cargo de pagar una abultada factura, en la que se incluyen impagos de compromisos presupuestarios, otros de orden previsional, garantías de préstamos y otros gastos en proyectos destinados a Gran Bretaña.
En meses anteriores, la Comisión Europea (CE) había comenzado a elaborar los cálculos aproximados del pasivo que el Reino Unido deberá afrontar por su decisión de salir de la UE y había estimado un monto de entre 40.000 y 60.000 millones de euros.
Seis meses atrás, el propio Barnier había señalado que incluso esas estimaciones podían ser menores en el caso de que se pudiera llegar a un acuerdo de transición para la salida británica, lo que implicaría que Londres continuara pagando sus aportes al Presupuesto de la Unión durante un período tras su retirada de la UE.
Sin embargo, en los últimos días de la semana anterior y durante la que acaba de concluir, fue Barnier quien mencionó un cifra de hasta 100.000 millones de euros, sensiblemente mayor a la que surgieron de los primeros cálculos ya indicados.
¿Por qué este monumental salto en los pasivos que debería ser asumido por Gran Bretaña? Más allá de lo que pueda ser atribuible a los cálculos de pasivos o de los que podrían surgir de una posible negativa de Londres a seguir pagando al Presupuesto de la UE, por un período, tras su retirada, hay indudablemente factores de presión política.
Por parte de la UE, el monto expuesto por Barnier suena a extremar esa presión en la etapa previa a las elecciones anticipadas británicas convocadas sorpresivamente para el próximo 8 de junio por la primer ministro, Theresa May, en un claro intento de reforzar su posición de cara a la dura y compleja negociación abierta con Bruselas con el Brexit.
Ayer, May descartó que los resultados de los comicios municipales del anterior domingo sea una señal que augura un triunfo seguro en las generales del mes próximo, a pesar de que su partido Conservador arrasara en las urnas frente a los laboristas y los eurófobos del UKIP.
"Solo un voto a mi favor y a favor de mi equipo asegurará que el Reino Unido tenga el liderazgo fuerte y estable que necesitamos para obtener el mejor acuerdo para el Reino Unido del Brexit", aseguró.
Por su parte, la Unión, con la canciller germana, Angela Merkel, a la cabeza, está enviando un claro mensaje a May y a Gran Bretaña a través de Barnier, en el sentido de que Bruselas no cederá frente a las amenazas británicas de proceder a una salida unilateral sin respetar el artículo 50 de la Constitución Europea.
Es que si hubiese un fracaso en las negociaciones de salida de los británicos, el resultado sería una retirada brutal con consecuencias penosas para toda Europa pero muy especialmente para una Gran Bretaña que podría quedar en un aislamiento enorme en la región.
La UE está reclamando a Londres la formación de un fondo de garantías de los préstamos realizados por el bloque, por unos 12.000 millones de euros, además de exigir que el Reino Unido pague unos 28.000 millones en 2019 y 2020 de compromisos del bloque con los granjeros europeos.
Por otra parte, existen otros compromisos adquiridos por Londres por fondos de cohesión, subsidios a areas rurales y pesqueras y obras de infraestructura en zonas limítrofes, que suman, según la UE, otros 28.000 millones de euros.
En el capítulos de pensiones y jubilaciones, se suman casi 10.000 millones, más 36.000 millones en concepto de construcción de carreteras y vías férreas en Gran Bretaña a cuenta de ayudas de la UE.
De todos estos montos parciales surge la factura de unos 100.000 millones de euros que Barnier ha hecho pública la semana pasada.
Lo único sobre lo que se puede tener certeza en esta fase preliminar del proceso de Brexit es de que la UE y Gran Bretaña librarán una batalla enconada en términos económicos y políticos, en un contexto de crisis del proyecto de unidad de Europa.
Barnier ha dejado claro que Bruselas no cierra el número final de la factura que prepara para Londres, un monto que sólo se conocerá al final del proceso de conversaciones, pero lo que sí exige es que Gran Bretaña de su acuerdo a la metodología utilizada por la UE a la hora de hacer las cuentas, como condición indispensable para iniciar las negociaciones.
Claro que, cuestión nada menor, los gobernantes británicos ni siquiera reconocen que haya una cuenta que su país deba pagar para dejar la Unión, una posición que se identifica, hoy por hoy, con la que sostienen los sectores eurófobos del UKIP y con la que Bruselas ni siquiera se sentaría a dialogar.
Si las negociaciones se realizan formalmente de acuerdo con el artículo 50, entonces la salida completa de Gran Bretaña se produciría durante 2019 y, en el medio de todo esto, también habrá discusiones sobre la posibilidad de un acuerdo comercial entre la UE y Londres, así como el tema del control de la inmigración y libre tránsito de las personas, o el aún más complejo asunto de la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo.
Por lo que se ve, un camino sembrado de minas que pueden detonar en cualquier momento y echar por la borda una salida ordenada y dejar planteado un conflicto económico y político de gran voltaje en toda Europa.
Sábado, 6 de mayo de 2017
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