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INVESTIGACIÓN Sebastián Casanello investiga el origen del dinero de la Rosadita para evitar que caiga la causa  El magistrado pidió un informes sobre empresas sospechosas de emitir facturas apócrifas. Las imágenes son contundes. Pero por sí solas no alcanzan. Los millones de dólares que cuenta Martín Báez y por los que él y su padre, Lázaro Báez, fueron citados a indagatoria deben provenir de un delito para que se los pueda acusar de lavado de dinero. Así lo establece la ley y es lo que se conoce como "el delito precedente" del lavado.
Por ahora esa imputación no existe, pero el juez federal Sebastián Casanello sospecha que Báez habría lavado dinero de la evasión de impuestos que habría realizado con el uso de facturas falsas para simular la contratación de empresas en la ejecución de obra pública en Santa Cruz.
Para comprobar su hipótesis, el magistrado ordenó una serie de medidas de pruebas, a las que accedió Infobae, en una causa en la que investiga a Báez por las facturas apócrifas para que la acusación por lavado de dinero no se caiga. El expediente tramita en paralelo a la causa por lavado de dinero en la que fueron citadas a indagatoria a parir del 18 de abril siete personas.
Casanello le pidió a la Administración Federal de Ingesos Públicos (AFIP) "un amplio informe" de las empresas Constructora Patagónica Argentina, Calvento SA, Grupo Penta SA, Terrafari SA, CVP Industria SA, M-Magna SA, Attimo Bahía Blanca SA, E&J Argentina SRL, Bahia Acoplar SA y Scarsur Bahía SA, sospechadas de haberle emitido a Báez facturas por servicios que nunca realizaron y con las que el empresario evadió impuestos.
También solicitó que el Ministerio de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz presente en 72 horas un informe con todas las obras públicas que en 2012 tenían en ejecución las empresas del grupo de Báez (Austral Construcciones, Epsur S.A., Gotti SA, Kank y Costilla SA, Badial SA) "con un listado completo de todos los pagos certificados de obras que se hubieren realizado a lo largo de ese período".
De 2012 son las filmaciones de S.G.I, la empresa sospechada de sacar millones de euros de Báez del país, en las que que se ve a Martín Baéz, al contador Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi, entre otros, contando millones de dólares.
Las medidas fueron ordenadas el miércoles pasado –el mismo día que fue citado a indagatoria Martín Báez– ante un pedido de la diputada nacional Margarita Stolbizer, quien actúa en la causa como "amiga del tribunal".
Stolbizer denunció en la causa que las empresas sospechadas de emitir facturas falsas "no poseen antecedentes en el rubro de la construcción, no tenían empleados y lo mas grave: la AFIP había dado de baja de oficio a los impuestos de estas empresas por no registrar movimientos al momento de la contratación y facturación por los supuestos servicios prestados".
A pesar de eso, la legisladora sostuvo que "facturaron millones a Lázaro Baez por la ejecución de obras adjudicadas a Austral Construcciones" y que eso le permitió al empresario "evadir millones de pesos en impuestos o camuflar sobornos".
Con esas facturas falsas, las empresas de Báez podían elevar su crédito fiscal en el IVA y aumentar gastos en el impuesto a las ganancias y así evadir impuestos.
El propio ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray reconoció que Calvento, Grupo Penta, Constructora Patagónica Argentina e Iberoamericana de Servicios estaban siendo investigadas por la emisión de facturas apócrifas. Por eso Stolbizer requirió medidas de prueba, varias de las cuales ordenó Casanello.
El informe que el juez le solicitó a la AFIP sobre las empresas tiene 15 puntos. El magistrado quiere saber los impuestos inscriptos, las declaraciones juradas de impuestos presentados, las retenciones practicadas y sufridas, las operaciones informadas, y los antecedentes relativos a la inclusión de la contribuyente en la base de facturas apócrifas del organismo de cada empresa, entre otros pedidos.
También le requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que en 72 horas informe al juzgado si las empresas estaban inscriptas y en ese caso que le envíe sus legajos.
Además, Casanello le pidió al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que informe si las compañías tienen reclamos laborales iniciados y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que en tres días todas las entidades bancarias y financieras presenten un informe sobre las firmas Penta, Calvento, Terrafari y Constructora Patagónica Argentina.
Con todo eso, el juez buscará establecer que Báez evadió impuestos y que de ahí salieron los millones de dólares que se ven en las filmaciones.
Lunes, 21 de marzo de 2016
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