BRASIL Dilma Rousseff rechazó el traslado forzado de Lula da Silva para que declare por corrupción  La presidente de Brasil emitió un comunicado en el que manifestó su "integral disconformidad" con el operativo que incluyó el allanamiento de la casa del ex mandatario, investigado por el megafraude en Petrobras "Manifiesto mi integral disconformidad con el hecho de que un ex presidente de la República que varias veces compareció voluntariamente para prestar declaración ante las autoridades competentes sea ahora sometido a una innecesaria conducción coercitiva para prestar declaración", señaló la mandataria en un texto que lleva su nombre y que fue distribuido a la prensa.
La presidente brasileña, Dilma Rousseff, consideró hoy "innecesaria" la operación policial contra su padrino político y antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y exigió "respeto" a los derechos individuales y "responsabilidad" a las instituciones.
"En mi calidad de jefa de Estado, considero necesario ponderar que todos nosotros, agentes públicos, independientemente del poder en que actuamos, debemos tener un profundo sentido de responsabilidad respecto al cumplimiento de nuestras competencias constitucionales", dice una nota oficial firmada por la mandataria.
Lula fue sacado hoy de su casa por la policía federal, que lo trasladó a una comisaría donde fue interrogado durante tres horas, al tiempo que tanto su residencia como las de algunos familiares y allegados eran registradas por agentes en el marco de una nueva fase de las investigaciones por las corruptelas en Petrobras.
Tras ser informada de la acción policial, Rousseff convocó a una reunión de emergencia a sus ministros del área política, en medio de la cual se comunicó telefónicamente con Lula, una vez que éste fue liberado, para expresar su "solidaridad", según dijeron a EFE fuentes oficiales.
En el comunicado, Rousseff afirma que "el cumplimiento de la Constitución es la única vía segura para el buen ejercicio de las funciones públicas y el respeto a los derechos individuales".
También sostuvo que, desde el Gobierno, ha garantizado "la autonomía de los órganos responsables de las investigaciones de actos de falta de probidad o corrupción, pero siempre exigiendo respeto a la ley y a los derechos de los investigados".
Según Rousseff, "es necesario que las investigaciones prosigan hasta castigar a quien debe ser castigado", pero eso en "un ambiente republicano y democrático", ajustado a la Constitución y sobre la "orientación del Tribunal Supremo".
La jefa de Estado dice que "el respeto de los derechos individuales pasa, en las investigaciones, por la adopción de medidas proporcionales que jamás impliquen decisiones más gravosas que las necesarias para el esclarecimiento de los hechos".
En opinión de Rousseff, "filtraciones ilegales" a la prensa sobre algún caso, y "prejuicios antes del derecho a la amplia defensa, no contribuyen para la búsqueda de la verdad y sirven apenas para animar la intolerancia y las retóricas antidemocráticas".
Viernes, 4 de marzo de 2016
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