BRASIL Por qué el impeachment contra Dilma Rousseff no es un golpe  El Gobierno insiste en deslegitimar el proceso que le están abriendo a la presidente en el Congreso, pero es un mecanismo habitual en las democracias maduras cuando se comete un delito. "No podemos permitir que haya un golpe de Estado vía impeachment en el Congreso Nacional", aseguró Lula da Silva en declaraciones a la prensa el lunes 7 de diciembre. Para el ex presidente, el proceso para abrirle un juicio político a su sucesora, Dilma Rousseff, no tiene ninguna justificación. "A no ser el odio, el prejuicio, la intención de desarmar un proyecto que construimos con ayuda de millones que viven en el anonimato y producen la riqueza de este país", agregó.
En la misma línea viene hablando la mandataria, cuya popularidad está en un dígito. "Por la salud de la democracia, tenemos que defenderla contra el golpe", dijo en el discurso que pronunció en la ceremonia de clausura de la XV Conferencia Nacional de Salud, el 4 de diciembre.
La postura del oficialismo y sus acólitos es clara: en Brasil se está gestando un golpe de Estado contra el Gobierno y contra la democracia, y el impeachment es la herramienta que encontraron los insurrectos para llevarlo a cabo.
Sin embargo, la Constitución brasileña dice algo muy distinto: cuando el presidente está formalmente acusado de cometer un delito, el Congreso tiene la potestad de abrir una investigación, decidir si es culpable, y en caso considerarlo de esa manera, destituirlo. Rousseff fue acusada por el Tribunal de Cuentas de Brasil de haber cometido una serie de delitos fiscales: la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y reducir artificialmente el cálculo del déficit fiscal.
En las democracias parlamentarias europeas ni siquiera es necesario que haya una infracción para interrumpir el mandato del primer ministro. El Poder Legislativo puede pedir un voto de censura en su contra, y sólo basta que los promotores consigan la mayoría necesaria. Es algo que ocurre habitualmente y que nadie consideraría un golpe de Estado.
Por otro lado, el juicio político no es algo nuevo en Brasil. En 1992, Fernando Collor de Mello renunció luego de que se iniciara el proceso para su destitución. Lula, que había sido derrotado por él en las elecciones de 1989, estuvo lejos de considerarlo un golpe contra la democracia.
"No se puede hablar de golpe. El impeachment es un procedimiento constitucional que tiene dos componentes. Uno es jurídico y otro es político. Para comenzar, se necesita una motivación jurídica, que son las cosas que hizo el gobierno de Rousseff que no están de acuerdo con la ley. Es algo discutible, el oficialismo puede decir que no hubo ilegalidad, pero otros pueden pensar que sí. De eso se trata un juicio, por eso se abre uno", explicó Nuno Coimbra Mesquita, doctor en ciencia política por la Universidad de San Pablo, consultado por Infobae.
"Otra manera de justificarlo es el voto del ministro del TSJ Edson Fachin sobre la conformación de la comisión parlamentaria que debe analizar la apertura del proceso. Fue uno de los últimos miembros del tribunal nombrados por Rousseff. En ese momento, hubo reproches porque estaba muy identificado con la izquierda y había dado su apoyo a los candidatos del PT anteriormente. Se decía que iba a ser parcial en los casos en que estuviera involucrada la presidente. Pero ese mismo ministro dio un voto muy claro, ratificando la legalidad y la constitucionalidad del impeachment", agregó.
No obstante, algunos académicos tienne una postura más ambigua. Si bien reconocen la legitimidad de hacer un juicio político, tienen reparos sobre el procedimiento que se está llevando a cabo contra Rousseff.
"El impeachment es un mecanismo constitucional presente en los países presidencialistas. Así que en principio no es un golpe. La controversia se debe a que la ley que establece las condiciones en las que se debe llevar a cabo es muy vaga. Por otro lado, los actos de responsabilidad imputados a Rousseff también fueron practicados, en mayor o menor medida, por los gobiernos anteriores. Es un proceso delicado, que sólo debería ser usado en casos extremos, con amplio apoyo de la sociedad, situación que ahora no existe en Brasil", dijo el politólogo Sergio Simoni Junior, investigador del Núcleo de Estudios Comparados Internacionales de la Universidad de San Pablo, en diálogo con Infobae.
De todos modos, las encuestas coinciden en que más del 60% de la población está a favor del juicio político contra la mandataria.
Para Bruno Bolognesi, cientista político de la Universidad Federal de Paraná, "una destitución por impeachment no es necesariamente lo mismo que un golpe, pero las justificaciones para abrir el proceso sí podrían caracterizarse de esa manera". "El mandato presidencial en Brasil es fijo. Nosotros no tenemos la herramienta del voto de confianza, típico del parlamentarismo. Así que sería un golpe en la medida en que se interrumpa el mandato sin que se cumplan las prerrogativas legales para hacerlo", dijo a Infobae.
Paso a paso, cómo sigue el camino hacia el impeachment
El proceso comenzó el pasado 2 de diciembre, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, autorizó la formación de una comisión parlamentaria especial. Su misión es emitir una recomendación sobre la pertinencia de iniciar o no el impeachment contra Rousseff.
Sin embargo, el procedimiento se frenó luego de que el oficialismo objetara la conformación de ese grupo. El pasado jueves 17, en un fallo dividido, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo lugar al planteo y exigió que se vuelvan a elegir a los miembros a través de un mecanismo diferente.
"La comisión tiene que producir un reporte en el que que puede pedir que se abra el proceso o negarse. En cualquiera de los dos casos, termina decidiendo la totalidad de la Cámara Baja. El pedido de impeachment tiene que ser aprobado por dos tercios de los diputados. La Presidente necesita sólo 171 votos para evitarlo. En caso de que no los consiga, el proceso pasa al Senado, que es al que le corresponde juzgar", dijo Mesquita.
"El juicio lo preside el presidente del TSJ y el Senado tiene que resolver con el voto de los dos tercios, 54 senadores. En ese lapso, la mandataria es apartada por seis meses de su cargo, durante los que asume el vicepresidente, Michel Temer", agregó.
De todos modos, todavía falta mucho camino por recorrer, ya que ahora está terminando el año parlamentario. "Cuando se conforme, la comisión tiene hasta diez sesiones para emitir su reporte —dijo Mesquita—, pero el Congreso entra en receso. Así que este año ya no va a tener tiempo de avanzar, y el proceso se reanudará en febrero de 2016, a menos que se decida suspender el receso, lo que parece difícil".
"Son muchos los pasos que faltan y son bastante imprevisibles. Las composición política del sistema bicameral brasileño es diversa, y no hay manera de prever el desenlace político de un proceso que, por el momento, está 'en la nevera'", dijo Bolognesi.
Las consecuencias de una hipotética destitución
"Las consecuencias son negativas —dijo Bolognesi—. El proceso muestra que las instituciones políticas que gobiernan el país tienen problemas para proporcionar aquello que es fundamental: la previsibilidad y la estabilidad de los actores. No creo que esto se extienda a todas las instituciones de la democracia brasileña. Pero las que están en el centro del gobierno van mal. Si el juicio se concreta, será una señal de que no fueron capaces de encontrar una solución no conflictiva a un problema político".
Para Mesquita es muy importante ver la manera y el margen con el que se tomen las decisiones en relación al juicio. "Creo que para evaluar cualquier cosa que pueda suceder, sea que se resuelva la culpabilidad o la inocencia de Rousseff, hay que considerar las condiciones en las que se dé. Si en la Cámara Baja el gobierno consigue sólo el mínimo necesario de votos para impedir la apertura del impeachment, sería un apoyo muy bajo para gobernar por más de tres años. En cambio, si el oficialismo consigue rechazarlo por un número grande, es posible que tenga una nueva energía".
"Lo mismo ocurre en el caso opuesto. Si durante el lapso que dure el juicio en el Senado se agrupa una movilización política y social en apoyo al próximo presidente, el futuro puede no ser tan malo. Es necesario que sea algo aceptado por la mayoría de la sociedad, como fue contra Collor. Pero si se hace en un contexto muy resistido y el próximo presidente no consigue amalgamar una coalición, la crisis continuará", concluyó.
Domingo, 20 de diciembre de 2015
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