PROYECTO La ONU aprobó una resolución para limitar las acciones de los holdouts en canjes de deuda  El proyecto, promovido por la Argentina, fue respaldado por 136 países. Axel Kicillof planteó en la Asamblea General que el organismo proponga cambios en la estructura financiera global. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy la iniciativa que impulsaba la Argentina para intentar blindar los procesos de reestructuraciones de deudas soberanas de las injerencias de los holdouts. Se trata de una resolución no vinculante que impulsa la creación de un marco regulatorio para esos casos y que ya tiene un listado de principios para atender.
La votación resultó favorable por el apoyo de 136 países, principalmente de América Latina, África y Asia. Hubo 41 abstenciones y seis pronunciamientos en contra: los de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Israel y Japón.
Al hablar ante el cuerpo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró que la aprobación es "un paso fundamental contra los ataques de los fondos buitres, como los que hoy sufre la Argentina y como lo pueden sufrir otros países".
El funcionario llamó entonces a que la ONU proponga una modificación de las estructuras financieras internacionales "para lograr un mundo mejor y en paz, un mundo libre de buitres".
Entre los "Principios básicos", el texto menciona la "inmunidad soberana" de los Estados frente a tribunales extranjeros y el respeto de las mayorías en los procesos de reestructuración, según el cual se deben aceptar las decisiones respaldadas por una mayoría cualificada de los acreedores.
También aboga por la "sostenibilidad" y considera que las reestructuraciones de deuda soberana deben preservar los derechos de los acreedores, pero a la vez promover un "crecimiento sostenible e inclusivo" en el país, "minimizar los costes económicos y sociales" y "garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional y el respeto de los derechos humanos".
La propuesta, que en el mundillo económico hay quienes la denominan "Doctrina Kicillof", establece un plazo de negociación y la creación de una comisión veedora de los procesos, y tiene como objetivo evitar fallos como los que dictó el juez de los EEUU Thomas Griesa contra la Argentina.
Jueves, 10 de septiembre de 2015
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