RECURRIERON A CASACION Quieren llevar a la cárcel a todos los absueltos de un juicio por trata  Los cuatro imputados habían sido absueltos por el Tribunal Oral Federal. Están acusados de haber captado y trasladado al menos a ocho mujeres. Entre los acusados hay un policía. El fiscal general Carlos Adolfo Schaefer, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), presentó un recurso ante la Cámara de Casación.
El fiscal general Carlos Adolfo Schaefer, presentó un recurso ante la Cámara de Casación por un fallo del Tribunal Oral Federal N° 1 de Corrientes que el 3 de agosto absolvió a cuatro imputados en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Los principales acusados, entre los que figura un policía, habrían participado en la captación, el traslado y el acogimiento con fines de explotación sexual de al menos ocho mujeres en situación de vulnerabilidad nacidas en distintas provincias y paises de América Latina como Brasil, República Dominicana, Colombia, facilitándoles el traslado hasta la ciudad de Esquina, donde se encontraba el prostíbulo.
Para el fiscal, la sentencia absolutoria del Tribunal Oral Federal se sustenta en una interpretación “arbitraria, contraria a la prueba producida durante todo el proceso”. De esa manera, sostuvo que se realizó una “selección parcial de la prueba”.
El caso
La investigación comenzó luego de que el 3 de mayo de 2013, a través de una llamada anónima al Ministerio de Seguridad de la Nación en la que se daba cuenta que en la Ciudad de Esquina, provincia de Corrientes, sobre Ruta Nacional N° 12 existía un prostíbulo en el que habría varias chicas que podrían ser explotadas sexualmente y que un hombre sería el dueño.
Como consecuencia, se identificó el lugar y a las personas responsables de la administración y funcionamiento. Durante el allanamiento realizado en mayo de 2013, ocho víctimas fueron rescatadas. Asimismo, tres personas resultaron detenidas: la encargada del prostíbulo, un barman y un policía que, en ese momento, se encontraba realizando la “custodia” del lugar.
De esta manera, se identificó a los cuatro imputados: por un lado, una mujer apodada “Mari”, quien habría sido una de las dueñas del boliche y habría participado en el proceso de captación y traslado de las víctimas (ya que varias de ellas provenían de otros países o provincias), a través de falsas ofertas de trabajo. Según el testimonio de las mujeres rescatadas, les abonaba los pasajes generándoles así una supuesta deuda, que también provenía de los gastos que les cobraba por la estadía.
“Mari” les exigía también el cumplimiento de entre 15 y 30 días de trabajo, les administraba el dinero proveniente de la explotación, les retenía el 30% del valor de los “pases”, tenía control de la entrada y salida, las llevaba a realizarse los controles médicos y tenía las libretas sanitarias en su poder. Se comprobó también que pagaba a la policía para un mayor control.
Otro de los principales imputados es un hombre, pareja de “Mari”, quien, colaboraba de manera directa en la administración del local, favoreciéndose económicamente a través de generación de su negocio de turismo y pesca que proveía de las locaciones de unas cabañas anexando un servicio de “diversiones sexuales” que brindaba a través de la whiskería. Además, se ocupaba del traslado de las mujeres de un lugar al otro ya que, en ocasiones, los “pases” los realizaban en esos predios turísticos.
El tercer imputado es el barman, cajero y encargado del prostíbulo cuando no se encontraban los dueños. Además, está acusado de controlar a las víctimas ya que poseía un arma de fuego entre sus pertenencias y seleccionaba a los clientes que debían “atender” las mujeres. También, habría suministrado medicamentos relacionados con el mejoramiento de la actividad sexual masculina y, según declaraciones de una de las jóvenes, les entregaba una pulsera como registro de cuántas “copas” habían realizado esa noche.
Finalmente, el cuarto imputado es Policía de la Provincia de Corrientes que iba vestido de civil con su arma reglamentaria. Para la Fiscalía, el acusado prestó una “colaboración dolosa”, ya que pertenecía a una fuerza de seguridad y tenía pleno conocimiento de la actividad que se desplegaba en el interior del lugar que se encontraba custodiando.
Sábado, 29 de agosto de 2015
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