RECHAZO DEL BLOQUE ECO Declaración de Utilidad Pública: “Es una estafa y un fraude político”  Con 11 votos del Frente para la Victoria, se convirtió en Ordenanza la declaración de utilidad pública de obras, tanto de la gestión anterior como de la actual. Al momento de fundamentar su rechazo, el concejal de Libres del Sur, Gabriel Romero, sostuvo que, si el oficialismo tuviera menos presión del Ejecutivo municipal para sacar la Ordenanza como pan caliente, “se podría discutir más seriamente este tema, hoja por hoja, expediente por expediente”, para determinar si corresponde declarar la utilidad pública o no, analizando cada caso en particular.
La Ordenanza declara la utilidad pública y el pago obligatorio de todas las obras ejecutadas por la Municipalidad de Corrientes que no tengan finalización de obra y las que se ejecuten durante todo el año 2014. La norma habilita al Municipio para comenzar a cobrarles a los vecinos obras iniciadas en la gestión de Carlos Mauricio Camau Espínola, pese a que el propio exintendente garantizó que dichas obras eran el resultado de sus gestiones ante el Gobierno nacional.
“La posición irreductible del oficialismo de querer aplicar un ritmo de trabajo legislativo que no se compadece con la especificación que necesita cada uno de los temas, hoy nos vemos en la obligación de rechazar íntegramente la pretensión, porque el concreto se pretende la utilidad pública de una cantidad importante de obras, algunas de las cuales podrían ameritar la utilidad pública y otras no”, expresó Romero, al tiempo que recordó que la discusión en torno al cobro de obras ya ejecutadas explotó a partir de que vecinos situados dentro de las cuatro avenidas, de repente, recibieron intimaciones por una deuda a la cual no habían sido convocados a pagar.
“A partir de ahí se genero un debate ciudadano con alto contenido de disputa, que nos preocupó y que por varias semanas estuvo instalado mediáticamente. Entre contradicciones, nos enteramos que el recapado de las calles ya tenía final de obra. Por lo que el actual intendente decidió cobrar a los vecinos que más tienen esas obras, con la finalidad de recaudar para otras obras en sectores que menos tienen, todo muy desordenado. En ese contexto, el proyecto que generó este expediente, fue enviado sin el informe del servicio jurídico permanente”, puntualizó.
Durante la sesión, Romero enfatizó que la “utilidad pública, en este caso, es pasar a cobrar sin consultar a los vecinos. Estar de acuerdo con contribuir es lo mismo que tener capacidad de contribución?”, cuestionó el edil, y evaluó que de esta manera, el Municipio se auto priva de tratar con los vecinos, sin obtener el consenso con los vecinos, erradica la posibilidad de discutir…lo cual consideró que constituye “un gran paso atrás”.
“La verdad es que no a todos los vecinos les sobra dinero como para contraer una nueva obligación. Esa obra que los vecinos vieron terminada hace seis meses, 1 año, 2 años, de repente, el Concejo decide que va a pasar a cobrarlo; pero alguien le preguntó a los vecinos?. A mucha gente la plata no le sobra porque vivimos en una de las ciudades más pobres del país, sin embargo, al Municipio lo único que le interesa es pasar a cobrar”, manifestó.
Por otra parte, advirtió sobre la incertidumbre que van a sentir los vecinos tras la sanción de la Ordenanza que les crea una deuda sin su consentimiento ni participación. Dijo que la oposición no es necia y entiende que hay obras que podrían ser declaradas de utilidad pública, pero las cosas deben hacerse tal como se debe y recordó que la mayoría de las obras que se pretende cobrar están terminadas materialmente.
“La utilidad pública es una excepción dentro de la contribución por mejoras, pero debe ser realmente trascendente como para no esperar el consentimiento del vecino. Pero el expediente no tiene ninguna fundamentación del interés público de todas las obras que declaran hoy de utilidad pública. Porqué apartarse de la regla que es el contacto cara a cara con los vecinos”, afirmó, y para concluir, recordó que el exintendente Espínola reafirmó que las obras no iban a ser cobradas con un impuesto:
“Es un cambio muy drástico en la posición política del oficialismo municipal, que durante la gestión de Camau destacaba las virtudes particularísimas de un gestor que tenía todas las llaves del reino y que abría todas las puertas de las oficinas con recursos, y mágicamente aparecía los dineros y las posibilidades, y lo calificaban como el gran hacedor de lo inimaginable. Terminaron las elecciones, tenemos otro administrador, otra situación financiera y resulta que todo lo que era gratuito, sin devolución, gestión, gestión y gestión de Espínola, ahora hay que pasar a cobrar”.
“Esto es un fraude político del cual se tiene que hacer cargo el oficialismo municipal. Cuatro años nos quisieron hacer creer que Camau era una especie de maná del que fluían recursos y obras, y que todo era sin contra prestación, una especie de Patoruzú que iba a cambiar la situación de Corrientes, pero hoy la realidad nos está imponiendo otra lógica y como dijo Ríos, hay que pasar a cobrar, sin aviso ni advertencias”, finalizó.
Viernes, 9 de mayo de 2014
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