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GREMIOS Podrían limitar el derecho a huelga en servicios públicos  Los gremios creen que la discusión que ya se da en otros países llegará muy pronto a la Argentina A distancia del ruido y las luces que acaparan las PASO del domingo, un sector de la dirigencia sindical comenzó a movilizarse en previsión de lo que ven venir: creen que la discusión para limitar el derecho de huelga en los servicios públicos o "esenciales" llegará muy pronto a la Argentina, cualquiera sea el gobierno que herede a Cristina.
Los poderosos gremios del transporte, el sindicalismo alternativo y organizaciones docentes resultaron los primeros en ponerse en guardia ante la que denominan una "tremenda ofensiva global" de los grandes grupos económicos; que tendría su expresión más elocuente en Europa, donde varios países adoptaron ya limitaciones precisas para las protestas sindicales.
"Es una amenaza para todos que esto prospere en cualquier parte del mundo", salió a decir el marítimo Juan Carlos Schmid, lugarteniente de Hugo Moyano en la CGT opositora y jefe del bloque del sector que hizo el gasto durante los últimos dos paros generales contra la administración K. Resulta obvio que van a resistir una reglamentación que les disminuya su poder de fuego para llevar adelante medidas de fuerza.
Según Schmid, no todo es esperar al futuro. Dice que ahora mismo hay un "35 por ciento de compañeros" de gremios del transporte que no gozan de los derechos sindicales que les corresponden por ley. "Esta es una deuda del Gobierno, pero también nuestra, de todos los trabajadores", señaló autocrítico el hombre de Dragado y Balizamiento.
En la misma línea, la CTA denunció a una jueza (Cecilia Bértora) por hacer lugar a una cautelar del gobierno provincial entrerriano para impedir un paro de 48 horas de un gremio docente. "Una huelga de maestros daña de manera irreparable el desarrollo integral de los niños", consideró la jueza, anticipándose en un punto al gran debate nacional que podría darse.
"La huelga es un instrumento que se debe usar con gran mesura y sosiego". Con esa frase bien sugerente arranca el informe que acompaña el proyecto de ley presentado en Italia la semana pasada por el gobierno de Matteo Renzi "para proteger los bienes comunes" frente a las "huelgas salvajes". La iniciativa apunta a declarar "estratégico" el servicio de transporte público.
Durante su gestión, Carlos Menem flexibilizó las leyes laborales todo lo que quiso. Pero se quedó sin poder reglamentar el derecho de huelga, como era su propósito, expresado en varios borradores de reforma que finalmente terminaron en el cesto. Buscó incluso que esto quedara incorporado en la reforma constitucional de 1994. Pero la cláusula que permitiría su reelección, era lo único que le importaba de verdad.
La resistencia sindical busca amparo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuya última conferencia se logró neutralizar con lo justo una embestida del grupo empresarial para redefinir las reglas de juego de las protestas. Lo curioso es que ningún convenio o recomendación de la OIT trata de manera expresa el derecho de huelga.
"La ausencia de normas expresas no permiten inferir que la OIT se exima de garantizar un ámbito de protección para el ejercicio del derecho", concluye un informe de ese organismo tripartito mundial buscando saldar la cuestión.
Hace dos meses, el gobierno kirchnerista fijó posición en Ginebra, al inscribir el derecho de huelga en la categoría de los derechos humanos. "Los estados no crean el derecho sino que lo reconocen", señaló entonces el ministro Carlos Tomada; al manifestar la oposición argentina a lo que sostenían los empresarios y algunos países inclinados a la regulación.
Mientras velan armas para el combate probable, las distintas partes del mundo laboral aguardan con no menos expectación una audiencia pública de la Corte Suprema, para el 10 del mes que viene, adelantada por Clarín hace un par de semanas. Allí se discutirá si una medida de fuerza sólo puede ser convocada por los gremios con personería o también queda habilitado todo grupo de trabajadores que defienda un interés colectivo. La ortodoxia sindical espera lo peor.
Hay que decir que ninguno de estos temas figura entre las prioridades de los candidatos. Se puede entender. Lo que sí resulta inexplicable es la ausencia absoluta de contenido laboral en los discursos de los tres presidenciables mejor posicionados; fuera de imprecisas promesas de "atraer inversiones para crear más trabajo". El candidato del oficialismo dio sólo un pasito más allá, al anunciar que crearía un Ministerio de la Economía Social, para complacer al Papa Francisco.
Scioli, Macri y Massa se han plantado en la discusión sobre la continuidad de los planes sociales. Los tres fueron acondicionando posiciones al ritmo de la campaña. Para contentar a los sectores altos y medios que resisten la actual política de subsidios, Scioli ha dicho que los 18 millones de beneficios mensuales que hoy se pagan, se irán reemplazando por "trabajo genuino".
Macri jura que los va a mantener. Más, hace unas cuantas semanas dijo a Infobae que buscaría la forma, en caso de ser presidente, de permitir que los beneficiarios puedan acceder a un trabajo y seguir cobrando los planes al mismo tiempo. El más duro es Massa, que propone quitar las ayudas a quienes no trabajen o se capaciten.
Convertido hoy en una suerte de estampilla del gobernador bonerense, el metalúrgico Antonio Caló, jefe de la CGT K, dedicó el cierre de campaña a manifestar sus dudas de que haya paritarias en un gobierno del PRO. Desde el macrismo, le salieron al cruce el presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio y el subsecretario de Trabajo de la Ciudad, Ezequiel Sabor.
"Nuestra política será a favor del tripartismo. Y no vamos a poner techos en las negociaciones salariales como hace el Gobierno. Van a ser libres de verdad. Para muestra bastan las paritarias que se vienen haciendo en la Ciudad desde que Mauricio gobierna el distrito", apuntó a este medio Sabor, sin ocultar su satisfacción por el reclutamiento de voluntarios que hizo el PRO para fiscalizar las elecciones de pasado mañana.
Viernes, 7 de agosto de 2015
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