AMIA Con Menem y Galeano entre los acusados, comenzó el juicio oral por el encubrimiento  Se ventilarán dos hechos: el pago a Telleldín para acusar a un grupo de policías bonaerense y la protección de Kanoore Edul. Pasaron más de dos décadas y ni siquiera hay mínimos indicios de que la causa por el atentado a la sede de la AMIA vaya a avanzar. Pero la investigación paralela por el encubrimiento del ataque llegó a juicio oral. Hoy comenzó el proceso que tendrá entre los 13 acusados al ex presidente Carlos Menem y el destituido ex juez Juan José Galeano. Se espera que dure más de un año, a lo largo del cual desfilarán unos 140 testigos, entre ellos, la jefa de Estado, Cristina Kirchner, y el ex agente de inteligencia Horacio Antonio "Jaime" Stiuso. Habrá una audiencia por semana.
El escenario es el mismo que el del fallido juicio oral de 2004: la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, un recinto construido espacialmente aquella vez. El proceso y la decisión final estarán a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel.
Además de Menem y Galeano, los otro imputados son los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex director de la SIDE, su segundo y ex jefe de Contrainteligencia, Hugo Anzorreguy, Juan Carlos Anchézar y Patricio Finnen, respectivamente; el único acusado por la voladura de la mutual judía, Carlos Telleldín, su ex esposa, Ana Boragni, y su abogado Víctor Stinfale; el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, y los ex comisarios Jorge "Fino" Palacios y Carlos Castañeda.
Del otro lado, estará el equipo designado al frente de la UFI AMIA tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, encabezado por Sabrina Namer y Roberto Salum, y seis querellas: tres que nuclean a los familiares de las 85 víctimas mortales y más de 300 heridos, una que representa al Ministerio de Justicia, otra conformada por los cuatro policías bonaerenses falsamente acusados y una última de la AMIA y la DAIA. Esta última tiene entre los imputados a su ex presidente, Rubén Beraja, que en septiembre también comenzará a ser juzgado por la quiebra del Banco Mayo.
Mientras todavía siguen repicando los ecos por la muerte de Nisman, en el juicio se ventilarán de manera cronológica dos tramos de la investigación. Primero será el turno del presunto encubrimiento al empresario Alberto Jacinto Kanoore Edul, cuya familia comparte con los Menem su origen en el pueblo sirio de Yabrud.
¿Cómo llega Edul a la causa? El primer indicio fue una corta llamada a Carlos Telleldín, el vendedor de la Trafic que supuestamente explotó frente a la AMIA. La comunicación fue hecha el 10 de julio de 1994, el día en que se concretó la operación. La detectó en un informe Stiuso, unos días después de que entre los escombros de la mutual judía se encontrara intacto el número del motor de la camioneta, de la que misteriosamente sólo se hallaron unos 100 kilos de sus partes.
Además, en la agenda de Edul figuraba el nombre y la dirección de un argentino convertido al islam al lado del cual estaba escrito entre paréntesis "Rabbani - mezquita AlTawid". Según Nisman, el ex agregado cultural de la embajada iraní en Argentina, Moshen Rabbani, fue una "figura clave de la planificación de los atentados". Lo definió muchas veces como el "cerebro" del ataque.
El último indicio es un camión que dejó un volquete en la puerta de la AMIA poco antes de la explosión y que luego, de acuerdo a su hoja de ruta, llevó otro contenedor a un terreno municipal que estaba en la misma cuadra en la que vivía Edul, en Constitución al 2600, en el barrio porteño de San Cristóbal. Nunca se supo quién lo solicitó.
La defensa de Edul alega que esas pistas fueron plantadas por la SIDE. Pero más allá de su verosimilitud, lo cierto es que el padre del empresario, que aportó dinero a la campaña de Carlos Menem, antes de morir admitió en sede judicial que doce días después del atentado visitó en la Casa Rosada a la secretaria del hermano del Jefe de Estado, el fallecido Munir Menem, quien según Nisman habría ordenado a Galeano "enfriar la pista siria".
Munir Menem, entonces titular de la Unidad Presidente, también habría gestionado ante el número dos de la SIDE, Juan Carlos Anchézar –también imputado– el levantamiento de la intervención telefónica sobre un celular y varios teléfonos fijos de Edul. La Secretaría de Inteligencia llegó a grabarlo durante un mes y medio, pero cuando el empresario fue finalmente acusado en el juicio de 2004, los 66 casettes y sus transcripciones se habían perdido.
Buena parte de esa responsabilidad se le atribuye al ex comisario Jorge "Fino" Palacios, quien habría retirado las cintas de la SIDE. El ex uniformado participó en la investigación desde la hora cero y en 1997 fue designado al frente de la Unidad Antiterrorista. Hace unos años volvió al centro de la escena cuando el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, lo nombró al frente de la Policía Metropolitana, pese a los antecedentes del uniformado. Sin embargo, "El Fino" renunció en medio de las críticas por su nombramiento. Lo más curioso es que durante su gestión, el Ministerio de Seguridad porteño contrató de manera directa a la empresa de Edul para la provisión de uniformes para la flamante fuerza.
Palacios encabeza la pata policial del encubrimiento a Edul. Además de la pérdida de las escuchas (legales), también se le atribuye el fracaso de un allanamiento a la vivienda del empresario el 1 de agosto de 1994. El ex comisario montó un gran operativo que alertó a todo el barrio, se demoró más de 9 horas en comenzar y se comunicó dos veces al domicilio en cuestión e intentó ocultar esas llamadas.
El segundo tramo de la investigación que llega a juicio oral es el pago de 400 mil dólares a Telleldín, el único detenido que en su momento -aunque por robo de autos-, para que declarara que le vendió la Trafic a un grupo de policías bonaerenses encabezado por el ex comisario Juan José Ribelli, quien esta vez pidió ser el primero en declarar.
Según denunció e intentó probar con un video en el 2000 el ex secretario de Galeano, Claudio Lifschitz, el ex juez gestionó la maniobra. El dinero salió a la Secretaría de la Inteligencia y lo cobró la esposa de Telleldín.
En una entrevista con Infobae, Telleldín –que se recibió de abogado en la cárcel– argumentó que pensaba que se trataba de una maniobra legal. "Uno ve en las películas que a los fiscales en los Estados Unidos la legislación les permite hacer tratos. Pero en Argentina no es así. El Consejo de la Magistratura que destituyó a Galeano equiparó el pago a una tortura para que el detenido tome una conducta determinada", explicó. "Me prometieron mi libertad en el 97. Si yo traigo 200 mil presos y les digo que si firman una declaración les dan 500 mil dólares y los largan en julio, firman lo que sea. Más si se lo dice el juez", completó.
Sin embargo, el juez Ariel Lijo –que instruyó este segundo tramo de la investigación– sostiene, entre otras cosas, que Telleldín tuvo margen para negociar y, de hecho, rechazó un primer pago de 50 mil dólares, lo que probaría que no estaba entre la espada y la pared. "Lo hablé todo con Stinfale y él me dijo que tal como se había preparado todo, estaba re atado el juez como para en el futuro romperle la cabeza en un juicio oral", contestó ante la consulta de este medio sobre la afirmación de Lijo.
Lo cierto es que una decena de policías bonaerense fueron apresados y cuatro llegaron imputados al juicio oral, pero todos fueron finalmente absueltos en 2004 junto a Telleldín. El Tribunal Oral Federal 3 fue muy duro con la investigación. Nisman no apeló esa decisión, lo que generó cierta tensión con la AMIA y la DAIA. La causa terminó en la Corte Suprema, que anuló casi toda la investigación.
Hay más procesados por Lijo por encubrimiento, pero que aún no serán enjuiciados. Se trata de un grupo de personas acusadas en diciembre del año pasado de presionar a los policías bonaerenses. Son el actual presidente del Tribunal de Casación Bonaerense, Federico Domínguez, los ex comisarios Luis Ernesto Vicat y Miguel Ángel Márquez, y los abogados Marta Parascándalo y Aldo Spicacci Citarella.
A su vez, hubo una tercer denuncia de encubrimiento que la Justicia desestimó en seis meses: la acusación de Nisman contra la presidente Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el jefe de Quebracho Fernando Esteche, el dirigente social Luis D'Elía y supuesto espía Ramón Bogado. El fiscal los acusó de impulsar el Memorándum de Entendimiento con Irán para lograr la impunidad de los sospechosos de origen persa.
Mientras tanto, la causa principal por el atentado está paralizada. Hay nueve sospechosos iraníes –entre ellos, el ex presidente Ali Rafsanjani– que ni siquiera pudieron ser notificados y es prácticamente imposible que sean indagados. El único acusado es Telleldín. Está probado que el actual abogado publicó un aviso en el diario Clarín en el que ofrecía la Trafic. Nisman está convencido de que sabía que se la vendió a un terrorista, pero para el imputado considera que esa hipótesis "es una joda". "Nadie me dijo 'mirá que voy a matar a 85 judíos", ironizó.
En la Fiscalía esperan que el juicio oral arroje alguna pista que reimpulse ese expediente. "El juicio puede echar luz sobre muchas cuestiones que tienen que ver con el atentado. Creemos que algunos de los imputados lo mejor que podrían hacer sería decir de una vez por toda la verdad. Tenemos claras esperanzas en este aspecto", declaró Salum, quien defendió la línea seguida por Nisman, y agregó: "Los imputados están acusados de haber truncado una investigación. La dificultad está en saber hasta dónde hubiese llegado. Eso es lo que nos toca determinar".
Jueves, 6 de agosto de 2015
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