ESTRATEGIAS POLITICAS Elecciones en Capital: el 5 de julio suspendido por la Justicia pero homologado por el Concejo  El juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por ediles de ECO contra la resolución que convocó a las urnas. En la sesión, tras un largo debate cargado de chicanas y pase de facturas, se aprobó por 11 votos contra 7 abstenciones el aval a lo resuelto por el presidente del cuerpo.
En un mismo día, la fecha de elecciones en Capital fijada para el 5 de julio por el presidente del Concejo Deliberante (“ad referendum” del cuerpo) fue objetada por la justicia y avalada por la mayoría de los concejales. Una verdadera novela que saca a la luz distintas estrategias de cara a las urnas y promete un segundo capítulo en el ámbito de la Junta Electoral provincial.
En la jornada de ayer ocurrieron dos cosas. Por un lado, a la mañana se conoció la decisión de la jueza en lo Contencioso y Administrativo Nº2, la doctora María Belén Guemes, que se expedió haciendo lugar a una medida cautelar interpuesta por concejales de Encuentro por Corrientes (ECO), y resolvió suspender los efectos de la resolución 40-C-15 del titular del cuerpo, Ataliva Laprovitta, y en consecuencia, también la convocatoria a elecciones generales para los cargos de concejales establecida para el 5 de julio, adhiriendo a las legislativas provinciales.
Esta medida causó la sorpresa y repudio de la dirigencia justicialista y el debate se trasladó casi de inmediato a la sesión del cuerpo, donde se discutió si correspondía o no, tratar un expediente judicializado.
La sesión comenzó a las 11 -mucho más temprano de lo habitual- y se extendió hasta después de las 13. Un trabajo parlamentario que se centró casi exclusivamente en la fecha de elecciones y terminó en fuertes cruces políticos entre los integrantes de los bloques de ECO y FPV.
Uno de los primeros en hacer uso de la palabra fue el edil Hugo Calvano (CC-ARI) que pidió el cuerpo se abstenga de tratar la resolución en cuestión, en virtud de lo resuelto por la jueza, y expuso en detalle las normativas en las que se basaron para pedir una cautelar en contra de lo determinado por el titular del cuerpo.
El concejal Juan José López Desimoni le siguió en la exposición y agregó que se debía respetar lo definido por el juzgado Contencioso Administrativo Nº2, “corresponde que este cuerpo se abstenga de tratar la resolución. Hacer lo contrario sería desobediencia a una manga judicial”, advirtió.
Del lado oficialista aseguraron que la medida cautelar suspendía los efectos de la resolución, pero no impedía el tratamiento y que además con este procedimiento se “perfeccionaba” el acto administrativo.
“Quedaron afuera de las listas”, reprochó el camporista Justo Estoup al referente del Partido Popular, Javier Saez, durante una de los tramos de la polémica.
Después de escucharse varias campanas, y aunque hubo reparos al modo de votación, se avanzó por uno nominal: por la aprobación o el rechazo de la resolución firmada por Laprovitta, y nuevamente cada uno expuso su postura.
Por el bloque Evita, la concejal Miriam Coronel votó por la aprobación del expediente y fundamentó su decisión señalando que “el cuerpo es soberano” y que este tipo de cuestiones deben resolverse en el recinto y no en los estrados. Y sostuvo que en este caso se observó nuevamente la intromisión de lo que ella denominó el “partido judicial”. Vinculado a la justicia con el partido gobernante en la provincia.
El concejal Justo Estoup (FPV) fue uno de los que más se explayó en el argumentotécnico que respaldaba la norma dictada por el presidente del Concejo, e hizo especial mención al artículo 55 del reglamento interno y recordó que lo dispuesto por Laprovitta fue “ad referendum” de la totalidad del cuerpo.
Y en relación a la fundamentación política, dijo que era “llamativa” la actitud asumida por los ediles de ECO, contraria a la fecha propuesta por el gobernador Colombi, “se ve que no tenía atado a todos sus caballitos. Se ven falencias dentro de la conducción de ECO”; expuso.
Por ECO, la edil Gisela Gasparini (ELI) remarcó que hubo un “exceso” de parte de Laprovitta en sus atribuciones y se abstuvo, al igual que sus compañeros de bloque.
López Desimoni (PP) hizo especial énfasis en dos cuestiones. La competencia de Laprovitta y el respeto de las formas. Objetó que el presiente haya dictado una resolución de manera “unilateral” en lugar de convocar a una sesión extraordinaria y debatirlo. “La legalidad y el estado de derecho es lo que defendemos”, postuló, negando que existan intereses electorales de por medio.
El concejal Omar Molina (FPV) fue otro de los que cargó las tintas y disparó con munición pesada haciendo hincapié en el trasfondo de intereses electorales.
“Hay que explicar qué estamos tratando”, sostuvo Molina, y señaló que este escenario se da en el marco de una discusión política “producto de decisiones políticas”.
Según su análisis, “ciertos sectores de ECO se están quedando afuera de la jugada en el panorama electoral y pretenden ir a octubre para poder colgarse del saco de Macri o Masa”, y llamó a fijarse en “los nombres de los concejales que presentaron el amparo y se van a dar cuenta de qué tipo y con quién tienen alianzas a nivel nacional y creen que los candidatos nacionales les van a servir para canalizar votos que sumen en las elecciones locales”, argumentó. El edil Felix Morando (FPV) se sumó a su par e insistió en que la justicia “está metida “
El edil Gabriel Romero (ECO) no formó parte de la presentación judicial, pero igualmente sostuvo: “Usted erró en la convocatoria”, en directa referencia al presidente del cuerpo, a quien lo excuso, “recibió un problema político pero no tenía atribuciones”, dijo.
Fue uno de los pocos que se expresó en contra de la fecha de elecciones comunales, “es una fecha horrible”, dijo y argumentó sus dichos en que deberían avanzar en importantes proyectos para la ciudad, y ahora se abocarán a la campaña.
Al final, el expediente en cuestión se aprobó por 11 votos a favor y pese a las 7 abstenciones de los ediles de ECO. Inmediatamente después bajó al recinto el titular del cuerpo, y realizó su defensa. “Hay antecedentes del 23 de junio de 2005 y del 2009”, aseguró, y en referencia a la posibilidad de convocar a una sesión especial se excuso alegando, “lo mismo iban a judicializar”.
Laprovitta remarcó que “no violamos ningún derecho” y planteó la necesidad de marcar una agenda política en virtud de problemáticas que escapan a la esfera municipal, y también cuestionó a sus pares, “por qué tienen miedo de votar el 5 de julio”.
Apenas concluyó, todos los integrantes del bloque FPV se retiraron del recinto y se quedaron sin quórum. La sesión debió levantarse, no sin antes escucharse los reproches de los ediles de ECO, “dejaron sin quórum y por ende sin tratamiento los problemas de los ciudadanos de la capital”, disparó Romero.
Viernes, 10 de abril de 2015
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