CANDIDATO Roberto Carlés pasó la primera prueba en el Senado  El Frente para la Victoria logró avanzar con el pliego y lo llevará al recinto el 15 de abril. Roberto Carlés, candidato postulado por el Gobierno para ocupar la vacante dejada por Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se presentó hoy en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos en el Senado donde respondió a preguntas sobre sus antecedentes académicos y laborales.
Carlés responsabilizó por su imagen de oficialista a textos que se le atribuyen en las redes y que no habría escrito. O que no recuerda haber escrito. Cuando se le leyeron algunos, no respondió a la pregunta de si efectivamente los redactó o no (caso de "¿Cómo puede Bergoglio hablar de trabajo si nunca trabajó?", de tiempos en que éste no era Papa, claro) sino que volvió a refugiarse en las selecciones interesadas que hacen los medios.
Pero tal vez lo más impactante, desde el punto de vista de alguien que quiere ingresar a la Corte Suprema, fue su respuesta a la pregunta sobre qué debería hacer ese máximo tribunal cuando sus fallos no son atacados por otros poderes, y concretamente por el caso Sosa: "La Corte, cuando decide sobre cualquier materia, debe considerar también su imperio, es decir, cuál es la capacidad que tiene de imponer su criterio".
Tras decir que el de Santa Cruz no era el único caso insistió en el concepto anterior: "Me parece que, en un sistema democrático, ninguna decisión tomada por 3 ó 4 personas puede, por más corte suprema que sea (sic), ir en contra de políticas que requieren mecanismos de decisión más complejos".
En concreto, Carlés casi pareció querer sentar nueva jurisprudencia ya que la traducción de su planteo es que la Corte debería autolimitarse en sus fallos si intuye o supone que sus fallos pueden ser incumplidos. Un absurdo total.
En la primera parte de la audiencia, el candidato respondió a preguntas enviadas con anterioridad por instituciones y particulares que versaron sobre el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces –con lo que está de acuerdo–, acceso a la información pública –obligación de los organismos de informar–, mayor participación ciudadana en el Poder Judicial –destacó las audiencias públicas y el amicus curiae y señaló la necesidad de tener realmente en cuenta los argumentos que surgen de estas instancias–, sobre el tiempo que dedicaría –en caso de ingresar a la Corte Suprema– a actividades académicas –"No sé si puede establecerse un límite a priori en la cantidad de horas, cada persona es distinta"– , sobre el tiempo que dedicará a viajes al exterior –declaró ser directivo en dos de las asociaciones internacionales que presentó como avales y tener que viajar dos veces por año durante no más de tres días–, se mostró contrario a la presencia de un miembro de la SCJ en el Consejo de la Magistratura y a la elección popular de los representantes de los abogados y jueces.
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Cuando le preguntaron por el cupo femenino, aprovechó para defenderse de quienes le objetaron que con su candidatura no se respetaba una proporción de género; dijo que había que tener en cuenta que no siempre la presencia de representantes de una minoría garantizaba la defensa de los derechos de ese sector, lo que despertó algunas réplicas del público que fueron calladas por el moderador.
"Usted ha declarado públicamente que avala al gobierno de turno. ¿Cómo se compatibiliza eso con la necesaria independencia que debe tener un miembro de la Corte?", fue la pregunta concreta sobre su filiación política.
"Nunca declaré avalar al gobierno de turno, ni nacional, ni provincial ni de la ciudad autónoma –afirmó Carlés–; he realizado críticas a funcionarios y a políticas de distintos gobiernos. La crítica a mi supuesta no independencia se basa en supuestas publicaciones en redes sociales que no reconozco como propias. Hay usuarios que se dedican a cumplir algunos tipos de servicios fraguando información. Más allá de eso, en los dos mese que han transcurrido no se ha hecho una sola referencia a todas las criticas que hice a funcionarios del gobierno nacional. Lo que veo detrás de esta selección de declaraciones es la construcción de la imagen de un candidato a la Corte sumiso al poder de turno".
Sobre la integración de la Corte, dijo: "La reducción del número de miembros a 5 es un obstáculo fáctico para una mayor representatividad de distintas extracciones sociales, geográfica, de las mujeres, de diferentes especialidades".
Carlés también tuvo que dar explicaciones sobre los doctorados que realizó casi en simultáneo en sitios tan distantes como Italia y Guatemala. Si bien dio muchos detalles sobre el primero, no respondió a la pregunta de la modalidad seguida en el caso del segundo, país donde no residió, a diferencia del europeo.
Allí defendió una tesis, dijo, sobre nuevas formas de control social, referida a "la influencia que tienen los medios de comunicación en la configuración de conducta".
Admitió que no fue abogado litigante ni en la Argentina ni en ningún país extranjero. Luego de recibido trabajó ad honorem como asesor de un legislador porteño que integró jurys de enjuiciamiento, para lo cual Carlés colaboró en la redacción de dictámenes.
A modo de justificación de sus escasos antecedentes, el candidato hizo una crítica velada al peso del apellido en la Justicia: "Para los que no venimos de una familia dedicada al derecho no es fácil entrar en el circuito".
También debió dar precisiones sobre los posgrados que dijo haber realizado –nueve en total– que en realidad eran cursos.
Sobre su trabajo actual, dijo: "Me desempeño como asesor de la comisión de obras y servicios generales de esta casa (el Senado), desde enero de 2012. Mi actividad no está relacionada al mantenimiento porque de lo contario estaríamos en problemas –bromeó–; mi función es estrictamente jurídica: en toda dependencia administrativa que ejerce facultades de compras o administración es necesario realizar actos administrativos que requieren control letrado, actos y expedientes que deben ser seguidos, por personas con conocimientos jurídicos.
Volvió a insistir en que su tarea en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –aunque duró menos de un mes, "omitirla en el CV hubiese sido incorrecto"– no fue de pasante sino de asesor jurídico; algo que ya desmintieron desde la propia entidad (ver "Carlés dio precisiones sobre su CV").
En la segunda parte de la audiencia, los senadores formularon preguntas adicionales o pedidos de aclaraciones. Fue entonces que surgió el tema del aborto.
"El delito de aborto forma parte de la política criminal del Estado argentino –dijo Carlés–, y que es resorte del Poder Legislativo. La Corte ha dado un paso muy importante, zanjando una vieja discusión producto de una traducción deficiente del viejo código suizo respecto a la punibilidad del aborto de la mujer violada. Lo que queda por hacer en esta materia está en manos de los otros poderes".
Ante una repregunta acerca de su convicción sobre cuándo comienza la vida, respondió: "Nuestro derecho positivo comienza en el momento de la concepción y es obligación del Estado protegerla desde ese momento. Eso es derecho positivo argentino y trasciende las concepciones religiosas o morales. Lo que dije es que hay que discutir cómo se protege mejor ese derecho. Y es un debate que debe darse partiendo de cifras claras: cuántos abortos se realizan, cuántas mujeres mueren o quedan con secuelas graves a consecuencia de abortos mal practicados, etcétera, y luego de eso hay que decidir si se mantiene una determinada política criminal o no, y ese debate pasa por el Congreso. La discusión es en torno a cómo se protege mejor la vida por nacer".
"Creo en el juicio por jurados, creo en la participación popular en la toma de decisiones sobre la culpabilidad o no de un imputado –dijo también Carlés en respuesta a ota consulta–; no creo que eso genere una ola punitivita. Creo que es una de las formas de acercar a la ciudadanía a la Justicia".
Hubo también una pregunta interesante sobre el eventual reconocimiento a una Justicia aborigen, un tema que levantaría polémica ya que pondría en cuestión el principio de igualdad ante la ley. "Entiendo que no está reconocida una jurisdicción de los pueblos originarios por el Estado –dijo Carlés sobre esto. En el anteproyecto (de Código Penal), preveíamos no un reconocimiento de una jurisdicción pero sí una atenuación de la pena en el caso de aquellos individuos que ya hubiesen sufrido una sanción dentro de sus comunidades, que es reconocerles algún tipo de valor por parte del Estado argentino y evitar una doble imposición de un mal".
Alegatos finales
En el cierre de la Audiencia, el senador Gerardo Morales (UCR, Jujuy) resumió la posición de su bloque, contraria a la postulación de Carlés, citando primero la opinión de varios organismos colegiados calificados, como el Colegio de Abogados, y fundó su rechazo a la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo en la falta de una trayectoria a la altura del cargo.
También citó el señalamiento publicado hoy por Infobae: "Nos llamó la atención tanto apoyo internacional, que tantas asociaciones latinoamericanas hayan visto lo acá no vimos en materia de trayectoria, pero luego vemos que, en el caso de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal, según su estatuto tiene como domicilio legal el domicilio de Zaffaroni que es también el del señor Montiveros, el hombre sancionado por alquilar propiedades a prostíbulos".
"Para nosotros el problema principal está en la trayectoria. Vamos a rechazar el pliego del doctor Carlés", agregó y, dirigiéndose al candidato, dijo: "Usted tiene un gran futuro por delante, para la edad que tiene el trayecto hecho es valorable, pero estamos hablando de ocupar un lugar en la Corte".
A favor de Carlés, habló el senador del Frente para la Victoria de Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, quien defendió la juventud del candidato como un valor, diciendo que podía aportar dinamismo y "calle" (sic) a la Corte. "La juventud no es un demérito: Saint Just fue a la guillotina a los 27 años", ejemplificó Pichetto, en referencia a uno de los protagonistas de la Revolución Francesa. También aludió a Napoleón que a la edad de Carlés ya había hecho la campaña de Italia, de Egipto, y ya era primer cónsul. Tal vez haya sido una alusión a la promulgación de su célebre Código Civil, todavía vigente, en 1804, a los 34 años.
Pichetto también hizo una digresión para atacar "posiciones ultramontanas" y "el conservadurismo de la Iglesia Católica", olvidando tal vez que el candidato que estaba defendiendo hizo todo lo posible por presentarse como bendecido por el Papa, al punto que, siendo parte de la campaña para sacar crucifijos de los tribunales, ahora se declara "católico practicante".
Sin sorpresas, se aprobó un dictamen de mayoría en la comisión, por l que el pliego de Carlés avanzaría a la segunda etapa: su votación en el pleno del Senado, donde debe ser aprobado por los dos tercios de los senadores presentes, lo que tendrá lugar el próximo 15 de abril. En principio se especulaba que sería el 8, por lo que el oficialismo ganó una semana para lograr más adhesiones a la postulación.
Martes, 31 de marzo de 2015
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