MÈXICO El país que recibe López Obrador: por qué en México matar tiene la impunidad garantizada  Los números hablan por sí solos: por cada 100 casos de asesinato, solo en cinco se condena a un responsable.
Las razones que explican la alta impunidad son varias y los errores y deficiencias se suceden en todos los eslabones de la investigación. El combate a la impunidad es uno de los grandes retos del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y él mismo lo puso en el centro de su agenda, tanto en campaña como tras resultar ganador de las elecciones del domingo.
Hay estados donde el dinero no llega, y faltan desde ambulancias forenses para trasladar cuerpos, hasta morgues y laboratorios para estudiarlos. En los lugares a los que sí llega el dinero, se desperdicia en comprar equipos que no se utilizan.
La capacitación de policías y agentes también es prácticamente nula. Y hay más problemas. La mitad de los estados no tiene fiscalías especializadas para investigar homicidios.
Peor: hay casos que sí se investigan, pero más que buscar la verdad, lo que importa es tener un detenido, aunque no sea culpable.
La excepción y no la regla
Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154.557 personas en México, pero en el 94,8% de esos casos no hay un culpable sentenciado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esto arroja la tasa de 5 sentencias por cada 100 víctimas de homicidio, cuando en el continente americano la tasa promedio es de 24 por cada 100 víctimas. En Asia son 48 y en Europa 81, según datos de la ONU.
El proceso para investigar un homicidio en México involucra a policías preventivos, de investigación, peritos y agentes del ministerio público (o fiscales), pero en cada nivel hay sobrecarga de trabajo.
En el caso de los fiscales, los datos oficiales dicen que si dividiéramos los asesinatos sin respuesta de 2010 a 2016 y el número de fiscales de homicidios en el país, a cada uno le tocarían 227 casos en promedio. Y si consideramos que cada agente del ministerio público consigue resolver apenas 1,8 casos al año, como arroja el cruce de los datos de INEGI con el número de fiscales, se necesitarían 124 años para acabar con el rezago.
Pero el problema no es solo el número de policías y fiscales, también lo es su capacitación.
Laura es policía de investigación en la Fiscalía de Homicidios del estado de Nuevo León, donde ingresó al salir de la academia. Su misión es recabar las pruebas que permitan esclarecer un crimen y detener al culpable. Es una detective.
Pero nunca tuvo capacitación sobre cómo indagar un asesinato. Ni siquiera necesitó años de experiencia o algún estudio especial, como se pide en Estados Unidos o Canadá. "Basta con que ahí te pongan, como pasó conmigo", le reconoció al portal de noticias Animal Político.
El problema se repite con los policías preventivos, que se encargan de resguardar la escena de un crimen para que la evidencia no se pierda. Es la primera autoridad que interviene.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación todos los policías locales recibieron un taller de 40 horas para saber cómo resguardar la escena de un crimen, pero esto contrasta con los datos oficiales de INEGI, que revelan que solo 135 de los 2.463 municipios del país cuentan con una policía local con las capacidades suficientes para "preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios de un hecho delictuoso".
Casos perdidos desde el inicio
En noviembre de 2017, las autoridades de Sinaloa recuperaron un cuerpo femenino de una fosa clandestina en Culiacán.
Tal como consta en los registros fotográficos del momento, el cadáver lo procesó personal de una funeraria privada, no peritos médicos o antropólogos forenses.
La explicación: en esta ciudad, capital del estado, no hay personal ni equipo suficiente para levantar todos los cadáveres que la violencia del crimen organizado va dejando.
"Cuando llegan (los de las funerarias), literalmente arrancan un pie o una mano con las palas, y eso no se hace", le dijo a Animal Político Juan Carlos Saavedra, hermano de un policía sinaloense desaparecido.
Debido a estos procedimientos, detalla Juan Carlos, paramédico de profesión, se alteran los resultados de las posteriores necropsias que se hacen a las víctimas, ya que a los cuerpos se les añaden nuevas lesiones y, como el personal de las funerarias no está capacitado, se contaminan las evidencias.
Miércoles, 4 de julio de 2018
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