Sábado 31 de Octubre de 2020
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HABLAN DE CLIENTELISMO Y USO DISCRECIONAL DE FONDOS PUBLICOS
Macri denunció el encarecimiento del gasoducto del NEA y obras paralizadas
El Gobierno nacional emitió un documento sobre “la herencia”. El informe expresa que “la construcción de la red troncal no se planificó”. Además marca un recorte en la cadena de pagos de obras públicas y discriminación a provincias en el envío de recursos para viviendas.
En un informe sobre “la pesada herencia” el Gobierno nacional hizo mención al encarecimiento del gasoducto del NEA y marcó cortes en la cadena de pagos en el sector de viviendas que afectan a las remesas provinciales.
El documento es extenso y es una primera parte de lo que tiene previsto publicar el gobierno de Mauricio Macri para describir la “herencia” de Cristina Fernández de Kirchner. El informe lleva por nombre “El estado del Estado” y, entre los puntos que menciona, es posible señalar la situación de la obra pública.
En materia de infraestructura energética, Nación sostiene que “la construcción del Gasoducto del Noreste se planificó sin ningún estudio de factibilidad que evaluara los beneficios del proyecto. Además, los costos aprobados para su construcción estaban fuera de los valores del mercado”.
El proyecto fue uno de los caballitos de batalla anunciado en varias ocasiones por el kirchnerismo. Con una extensión de más de 4 mil kilómetros de red troncal, la obra lleva más de una década de ejecución y aún no se garantizan las redes domiciliarias ni para Corrientes, ni Chaco. Desde el Parlasur habían señalado la preocupación por su continuidad tras el recambio en Casa Rosada.
“Los costos del proyecto se multiplicaron, por diversas razones”, expresa el documento dado a conocer el jueves por Nación. “Un acuerdo entre la Uocra y los contratistas, sin la participación de Enarsa pero homologado por el ministerio de Trabajo, aumentó el costo en 419 millones de pesos. Comunidades nativas de la provincia de Salta reclamaron 32 millones de pesos para la resolución de conflictos sociales. Además, el contratista que operaba esa zona presentó el 9 de diciembre de 2015, un día antes del cambio de Gobierno, un reclamo por días improductivos por 538 millones de pesos”, indica el trabajo.

Corte de la
cadena de pagos
En el reporte, se expresa que “la Argentina de 2015 se acercaba a una crisis”. Una muestra de esto es que “buena parte de las agencias del Estado dejaron de pagarles a sus proveedores, beneficiarios y contratistas en algún momento del año”. El informe señala que “en julio la Secretaría de Vivienda dejó de mandar fondos para viviendas sociales y, como consecuencia, miles de casas quedaron sin terminar”.
“Algo parecido ocurrió con las obras de la Dirección Nacional de Vialidad, que dejó de mandar fondos en agosto y vio cómo enseguida empezaron a paralizarse las obras en la Ruta 5, la Ruta 7 y muchas otras. Las obras de infraestructura ferroviaria dejaron de avanzar entre julio y septiembre. Por decisiones como éstas, unos 50.000 obreros de la construcción perdieron sus trabajos”, expresa el documento.
La pérdida de puestos de trabajo en el sector de la construcción (ver página 7) es un tema que preocupa en Corrientes a la Uocra. Semanas atrás gestionaron una audiencia con el gobernador Ricardo Colombi. Una de las principales inquietudes es la continuidad de la línea Procrear en el complejo Santa Catalina donde trabajan unos 700 obreros.

Viviendas
En su informe el Gobierno nacional remarcó que casi una de cada tres familias argentinas no tenía una vivienda digna. Estas son aproximadamente 3,8 millones de familias en el país.
De estos grupos familiares, 2,2 millones “tenían un hogar que, con ayuda, urbanizando villas, llevando los servicios básicos y poniéndolos en valor se podían recuperar. Pero 1,6 millones vivían en lugares irrecuperables”, indica el documento.
“A pesar de este diagnóstico, la política de vivienda en todos estos años fue deficitaria. Una auditoría realizada por la AGN concluyó que una de cada tres viviendas construidas en el período incumplía los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social establecidos en los Programas Federales de Vivienda”, indica el reporte.
“Al mismo tiempo, otro tercio de las viviendas se hizo sin tener en cuenta la correspondiente infraestructura de servicios básicos. Es decir que la casa con frecuencia estaba terminada y era de buena calidad, pero no tenía acceso a electricidad, gas, transporte público o agua corriente y cloacas”, añade.

Clientelismo
“Además, buena parte de la política de vivienda anterior a diciembre de 2015 se basó más en el clientelismo y el uso de la obra pública para fines políticos que en la solución del problema habitacional real de los argentinos. El proceso de selección de los beneficiarios, de los constructores, de las cooperativas involucradas y hasta de las provincias donde se llevaron adelante emprendimientos de viviendas sociales fue arbitrario”, denuncia.
“Entre 2005 y 2015, algunas provincias recibieron de manera discrecional, a través de los Planes Nacionales de Vivienda, más del doble de los fondos que les hubieran correspondido por coparticipación federal. Tucumán, por ejemplo, recibió diez veces más fondos para vivienda que Córdoba, y Chaco recibió seis veces más fondos que Santa Fe. La Ciudad de Buenos Aires y San Luis prácticamente no recibieron fondos que no fueran automáticamente coparticipables”, remarca el informe.
En Corrientes, vale recordar, uno de los ejes de reclamo del Ejecutivo Provincial fue la “discriminación de los envíos de fondos de viviendas”. El déficit habitacional, no obstante, contempla a un alto número de familias correntinas.

Paralización
El documento, además, marca que “sólo durante 2015, 13.544 millones de pesos asignados a obras de vivienda fueron gastados en cuestiones que nada tenían que ver con la construcción de viviendas, según estimaciones posteriores. En diciembre de 2015, además, las obras de vivienda social financiadas por el Estado nacional llevaban cinco meses paralizadas. Y la Secretaría de Vivienda les debía unos 6.000 millones de pesos a provincias y municipios”.
“Esto era así porque en julio de 2015 la ex Subsecretaría de Vivienda, dependiente del ministerio de Planificación Federal, suspendió progresivamente los pagos a los institutos de vivienda provinciales y municipales de todo el país con los que tenía acuerdos”, sostiene el Gobierno nacional.
“El resultado fue que todas las obras en ejecución se paralizaron y las empresas constructoras comenzaron a despedir personal. En el momento del cambio de gobierno, la cadena de pagos estaba totalmente cortada, una situación que generaba incertidumbre en provincias, constructoras y obreros de la construcción de todo el país”, expresa el informe de la Presidencia.


Domingo, 05 de junio de 2016
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