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PARTICIPACIÓN Y CONVOCATORIA NACIONAL
Barrios de Pie lanzó la Consulta Popular “Todos por los que Menos Tienen”
Las coordinadoras locales del Movimiento Barrios de Pie, Eva Romero y Vanesa Uhalde, presentaron este jueves la Consulta Popular “Todos por los que Menos Tienen”, que se llevará a cabo en todo el país del 12 al 17 de mayo.


En la ciudad de Corrientes, más de 50 urnas estarán distribuidas en comedores y otras instituciones barriales. La presentación oficial, en conferencia de prensa, contó con el acompañamiento del concejal y líder del Movimiento Libres del Sur, Gabriel Romero.
Las consignas son cuatro: Aumento de la Asignación Universal por Hijo; Aumento de los distintos Programas de Empleo, Capacitación y de Cooperativas; Aumento de la Jubilación Mínima, camino hacia el 82 % móvil; Eliminación del IVA a los alimentos de la canasta básica para los que menos tienen.
A nivel nacional, la consulta se propone debatir en y con la sociedad herramientas para buscar una salida a una situación económica que se encuentra perjudicando a los sectores más desfavorecidos por la sociedad. La situación socio económica actual de la Argentina es cada vez más crítica. Por eso, Barrios de Pie considera que resulta urgente y necesario poner en debate en el seno de la sociedad una serie de medidas de corto plazo para generar un blindaje social que evite la cristalización de una nueva generación de pobres en nuestro país.
“Se convoca a todos los ciudadanos a manifestarse sobre estos 4 objetivos para tratar de conseguir un blindaje social frente a una situación que estamos evaluando cada vez más crítica para millones de argentinos que están bajo la línea de la pobreza y zonas de exclusión. Las últimas medidas del Gobierno nacional deterioraron aun más la situación de millones de argentinos”, remarcó el concejal Romero, quien evaluó que en el país hay un debate incluso a partir del sinceramiento de los índices oficiales, que dieron a lugar a una discusión sobre el porcentaje de pobres en la Argentina.
“Después de muchos años de mentira y desprestigio del INDEC, hace pocos meses se comenzó a admitir que la inflación era mucho más fuerte de la que venían reconociendo. Si la inflación está más cerca del 35% anual que del 10%, eso tiene un impacto directo sobre los índices de pobreza. En consecuencia, resulta que en vez de ser pocos los pobres en la Argentina, la Universidad Católica Argentina reconoce más del 30% de pobres en el país, lo que coincide con las encuestas mensuales del Isepci y Barrios de Pie”, advirtió el referente de Libres del Sur, tras ratificar el respaldo político de su espacio a este tipo de consultas populares.


FUNDAMENTOS DE LA CONSULTA
“Llegamos al 2014 con una situación incierta en nuestra economía, arrastrando los grandes déficits estructurales del modelo que han prevalecido en la última década. Por un lado nos encontramos ante una grave restricción externa, con nuestras reservas en baja, importantes pagos de la deuda para los próximos 12 meses –cerca de 10.000 millones de dólares-, el estancamiento de las exportaciones y el crecimiento de las import­aciones a pesar de las trabas y controles. Y por otro la inflación, que ha escalado un paso más respecto a los guarismos de los últimos años, pasando del 20 y el 25% desde el 2010 en adelante, a más del 30% actual.
Para ambos escenarios, el gobierno ha decidido encarar una salida ortodoxa: devaluación, fuerte aumento de las tasas de interés (28%), baja del gasto público por distintas vías y reapertura parcial del cepo cambiario para contener en parte la fuga al dólar paralelo. En cuanto a la inflación, en un contexto de limitadas inver­siones y de claras dificultades del gobierno para controlar los precios, la única respuesta ha sido frenar la economía y demorar las paritarias.
La lista de Precios Cuidados presentada por el gobierno, confirma ampliamente que la variación de precios durante 2013, estuvo por encima del 30%. En todos los casos los precios anunciados legalizan los enormes incrementos producidos en ese período, y en algunos casos permiten aumentos por encima de los vigentes a finales de diciembre pasado. Un claro ejemplo son los aumentos producidos respecto a diciembre de 2012 de los productos de primera necesidad: harina (136%), mermeladas (116%), lentejas (133%), gaseosas (130%), café (97%), yerba (47,91%). Para el INDEC, tal como viene afirmando desde hace varios años, la variación de precios ha sido menor: según dicho organismo en el pasado mes de diciembre se mantuvo alrededor del +1 %, cerrando el acumulado del año 2013 con un +10,9%. Desde el Índice Barrial de Precios (IBP) denunciamos que sobre los 50 productos que componen la Canasta Básica de Alimentos, el acumulado de 2013 fue +34,69%.
Las falacias del INDEC no son ingenuas, buscan ocultar los verdaderos índices de marginalidad. Nuestros resul­tados muestran que el nivel de pobreza para el segundo trimestre de 2013 fue de 26,45% y el nivel de indigencia de 5,72%, porcentajes que representan 2.728.718 individuos en situación de pobreza y 589.770 en situación de indigencia sólo en el conurbano bonaerense.
En este complejo escenario económico el gobierno persiste en mantener un régimen impositivo regresivo que sigue teniendo al IVA como principal fuente de recaudación, descargando así una pesada carga sobre las espaldas de los que menos tienen, mientras la renta financiera o la compraventa de acciones siguen exentos. Es impostergable encarar cambios en el sistema tributario nacional, ampliando sus posibilidades recaudatorias dotándolo de mayor equidad.
En cuanto a políticas de seguridad social, a pesar de la recuperación de los fondos de pensión encarada por el gobierno, en la actualidad el salario familiar se sigue pagando con plata de los trabajadores, manteniendo ese aspecto desde la década del 90, cuando se privatizó la Administración de los Fondos de Pensión y se quitó esa responsabilidad a los empresarios, transfiriéndola al ANSES. Las asignaciones familiares, incorporadas al artí­culo 14 bis de la Constitución Nacional, fueron una de las primeras conquistas del movimiento obrero argentino, hace ya más de medio siglo. Inicialmente se componía, por cada hijo, de un 10% del Salario Mínimo Vital y Móvil “pagado por el empleador”. Actualmente, la inflación y la política de topes significan prácticamente la extinción de este derecho, una grave injusticia urgente a corregir, retomando el sistema de aportes patronales, contemp­lando a la vez la situación de las pequeñas y medianas empresas, cuyas tasas de ganancia no son tan elevadas y son las que más emplean mano de obra en el país.
Respecto al gasto público en estos años se han mantenido los subsidios a los que más ganan, incluso en los períodos de mayor crecimiento de la economía. También sobran ejemplos de la permanencia del sobreprecio en la obra pública y la corrupción, a partir de la enorme cantidad de recursos que el estado destina a empresas de servicios básicos como el transporte o la energía eléctrica, sin que esto redunde en mayor control y mejoras para el conjunto de la población. Urge revisar el gasto público actual desde una perspectiva progresista, en miras de la inclusión social y el desarrollo interno. Consideramos que el problema actual es la calidad del gasto, más que su nivel; y que debería utilizarse en estos momentos de recesión o estancamiento como medida contra cíclica, promoviendo la inversión y protegiendo a los sectores más vulnerables de la población.
La clara consecuencia de lo que venimos planteando es la profundización de la desigualdad social estructural en nuestro país, que persiste a pesar del crecimiento económico de los últimos diez años de gestión kirchnerista, y que lamentablemente hoy sirve de marco para situaciones que si no se abordan de inmediato, serán cada vez más difíciles de revertir. Nos referimos al aumento de los jóvenes “ni ni” y la consolidación de la tercera gener­ación de “no trabajo”: jóvenes que no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar con continuidad; también el crecimiento del empleo en negro, precario o de baja calidad, con ingresos muy por debajo de la canasta básica alimentaria. Situaciones que se plantean como caldo de cultivo de “otras alternativas” que permiten conseguir recursos para subsistir, como el narcotráfico o la venta ilegal de productos, y su correlato en el aumento de los niveles de violencia ya existentes.
Por todo esto reafirmamos lo señalado inicialmente: nuestro país no puede ni debe resignarse a recibir una nueva generación de pobres producto de esta crisis económica. De allí que convocamos a los distintos sectores de la sociedad comprometidos con un presente y un futuro de dignidad y justicia para nuestro pueblo, a debatir la necesidad de implementar urgentemente un conjunto de medidas que generen un blindaje social para los que menos tienen.
QUE NO TE SEA INDIFERENTE
Pensamos que en todos estos años no se ha actuado consecuentemente para revertir a fondo los niveles de pobreza. Ante el evidente escenario recesivo que se viene, necesitamos disponer de todas las herramientas posibles para evitar que se consoliden o aumenten los niveles vigentes, que ya significan un problema signifi­cativo aún para el más inclusivo de los proyectos político-económico que plantee revertirlos. Ese es el espíritu principal de esta CONSULTA POPULAR TODOS POR LOS QUE MENOS TIENEN.
En la misma queremos debatir en y con la sociedad en su conjunto, herramientas para intervenir el escenario descripto para que el ajuste en marcha no recaiga sobre los pobres:

•EL AUMENTO DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO,

• EL AUMENTO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE EMPLEO, CAPACITACIÓN Y DE COOPERATIVAS

• AUMENTO DE LA JUBILACIÓN MÍNIMA, CAMINO HACIA EL 82 % MÓVIL.

• ELIMINACIÓN DEL IVA A LOS ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA LOS QUE MENOS TIENEN



AUMENTO DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO

La creación en el año 2009 de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la incorporación de la misma a la ley 24.714 de Asignaciones Familiares mediante el decreto ley 1602/09 representó la concreción de un anhelo largamente esperado por los sectores más desprotegidos de la República Argentina, y la acepta­ción por parte del Poder Ejecutivo Nacional de los derechos inalienables que poseen los niños y adoles­centes en nuestro país. Pero este derecho no fue reconocido por ley sino por decreto, siendo entonces que su actualización depende de las necesidades electorales, y/o las limitaciones fiscales del ejecutivo, lo que nos ha llevado desde hace meses a un virtual congelamiento de la AUH, quedando desactualizada respecto a la inflación.
Por eso proponemos:
Que la Asignación Universal por Hijo sea reafirmada por ley, tenga carácter universal y que su mecanismo de actualización esté atado a una referencia clara como el salario mínimo, vital y móvil, y no a los índices del INDEC de poca credibilidad estadística.
AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE EMPLEO, CAPACITACIÓN Y DE COOPERATIVAS
La inflación va impactando tanto sobre los asalariados, la población de menores ingresos y creciente­mente también sobre los sectores medios; a medida que la economía se vaya frenando va a crecer la tendencia a la reducción de empleos. Los Programas de Empleo, Capacitación y de Cooperativas son una herramienta muy valiosa con que cuenta el gobierno para frenar aquella tendencia. Sin embargo actualmente se utilizan como planes asistenciales sujetos a la manipulación a través del clientelismo. Además es el gobierno quien fija los montos arbitrariamente, estableciendo de hecho una barrera entre trabajadores formales y sindicalizados, y aquellos en situación de desempleo o de trabajo en negro, perpetuando la desigualdad entre estos dos sectores y planteando un escenario de disputa que no de­bería existir.
Por eso proponemos:
Que los Programas de Empleo, Capacitación y de Cooperativas sean contemplados como lo que son, pro­gramas de empleo y no planes asistenciales. Sus montos deben ser actualizados en instancias colectivas de negociación, como el resto de los/as trabajadores/as.

AUMENTO DE LAS JUBILACIONES, CAMINO HACIA EL 82 % MÓVIL
En el 2010 se votó en el Congreso Nacional la ley del 82% móvil reclamada por la lucha histórica de los jubilados. Con el argumento de limitaciones fiscales la Presidenta la vetó, sin establecer ningún proceso que condujera ha­cia ese objetivo. A partir de esto, los jubilados tienen que conformarse con incrementos que van quedando atrás respecto a los aumentos de los precios, con el argumento de que antes estaban peor. La relación de la jubilación mínima con el salario mínimo vital y móvil se mantiene fija desde hace muchos años oscilando entre el 60 y 70%.
Por otro lado, los tribunales de la seguridad social, están colapsados por jubilados que reclaman la actualización que les corresponde conforme a los fallos Sánchez, Badaro y Ellif, mientras Anses especula, condenando a es­peras interminables a quienes ya no tienen tiempo para esperar. Mientras los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad son usados por el gobierno nacional para financiarse discrecional e improvisadamente. Hace años que los jubilados son la variable de ajuste de la economía.
Por eso proponemos:
Recomposición inmediata de la jubilación mínima, contemplando los aumentos del salario mínimo vital y móvil y el costo de vida actual; camino hacia el 82% móvil para todos/as los/as jubilados/as, conforme a los fallos Sánchez, Badaro y Ellif.

ELIMINACIÓN DEL IVA A LOS ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS

Los impuestos ligados al mercado interno -fundamentalmente IVA y Ganancias- representan prácticamente la mitad de los ingresos del fisco nacional, en tanto que los recursos del Sistema de Seguridad Social lo hacen en un 27%. El Impuesto al Valor Agregado es uno de los tributos que mayores ingresos fiscales reporta: la recaudación tributaria cerró el año 2013 en casi $ 860.000 millones, un récord en pesos corrientes. Desde hace más de una década grava los bienes y servicios a una tasa general del 21%. En el caso de alimentos y otros productos de primera necesidad ese porcentaje lo pagan tanto los sectores que más tienen como los cuentan con ingresos muy por debajo de la canasta básica alimentaria.
Por eso proponemos:
Reintegro total del IVA de los productos de la Canasta Básica Alimentaria aplicable a las personas físicas cuyo ingreso neto sea igual o inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil, a jubilados y pensionados, incorpo­rando a los beneficiarios de ingresos por Planes Sociales, a nivel nacional, provincial o municipal.
HAGAMOS POSIBLE LO NECESARIO
Tenemos que organizarnos para que sean muchos los sectores de la sociedad que se comprometan ante esta grave situación que implica nuestro futuro. Somos conscientes que una sociedad mejor debe ser solidaria con los más castigados.
La consulta popular se llevara a cabo del 12 al 18 de Mayo, por lo que en los meses previos deberemos instalar el tema en la sociedad. Queremos llegar con urnas a los barrios, escuelas y universidades, centros de salud y hospitales, sindicatos y cooperativas, a lo largo y ancho de nuestro país.


Viernes, 9 de mayo de 2014
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